El estado debera garantizar que las condiciones de saneamiento ambiental sean óptimas, y sus instituciones deberán velar porque este principio se cumpla. 

El estado deberá crear las condiciones y políticas ambientales que permitan garantizar un entorno equilibrado y apropiado para el desarrollo y crecimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas.  De manera prioritaria deberá preocuparse por garantizar un ambiente sano a los niños y adolescentes del país.  Así por ejemplo, deberá garantizar que todas las escuelas fiscales cuenten con los servicios básicos indispensables, esto es agua potable no contaminada, un ambiente libre de contaminación que no genere enfermedades virales como infección en las vías respiratorias, enfermedades en la piel, diversos tipo de cáncer, etc.

El estado, como parte de sus programas de educación, tomará en cuenta aquellos aspectos vinculados con su entorno y su ambiente, con la finalidad de propender una cultura del desarrollo sustentable.

Sería interesante poder incluir la materia educación ambiental, de manera obligatoria para todas las instituciones educativas, en todos sus niveles, tanto públicas como privadas dentro de los programas educativos.

Todos los ecuatorianos tenemos el derecho de gozar de un medio ambiente sano, con políticas de control forestal, protección, prevención, adaptación al calentamiento global y mitigacion de los gases de efecto invernadero.

Pese a las políticas que se están implementando para evitar el calentamiento global, es indudable, que a consecuencia de este ya se han originado una serie de fenómenos.  Lo que debemos fomentar son políticas que además de evitar el calentamiento global, nos permitan adecuarnos paulatinamente a estos cambios inevitables como la subida del nivel del mar y del Río Guayas por ejemplo.

Se deben limitar las actividades extractivas en Parques Nacionales como el Yasuní, y poner en veda parcial a mediano plazo (1 año) las especies forestales de bosques nativos en peligro de extinción.  Controlar la comercialización y movilización de las especies en peligro, e incrementar el control y monitoreo para garantizar que se cumpla la veda.

El estado deberá tener la obligación de organizar y garantizar un adecuado saneamiento ambiental basado en los principios de eficiencia y reutilización de desechos.

El estado propondrá el uso de energías alternativas que garanticen un uso eficiente de los recursos y minimicen su impacto ambiental.

El Estado debera garantizar la protección de su patrimonio de áreas naturales de conservación, para lo cual debera ejecutar todas las acciones necesarias para su delimitación.  Tal como esta sugerido, se bajaría a las Áreas Naturales protegidas a una categoría menor que son las de parques nacionales.

Es importante que para compensar los ingresos que el estado deja de percibir por la explotación de los recursos naturales dentro de los Parques Nacionales, se hagan las gestiones oportunas a los organismos internacionales para así suplir total o parcialmente dichos ingresos.  Este es el caso del Campo ITT.

 Rosanna Queirolo

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