FENOCIN   FENACLE   CNC Eloy Alfaro

Con el apoyo de FMLGT, Heifer Ecuador, Terranueva, CRIC, Intermón Oxfam, UBV

SOBERANIA ALIMENTARIA Y REVOLUCIÓN AGRARIA COMO PRINCIPIOS A INCORPORARSE EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE[1]

1. ANTECEDENTES

Luego de dos décadas de tibias reformas agrarias durante los 60 y 70, desde los 80 inició el proceso de ajustes estructurales. Si bien en esa década se mantuvo alguna presencia estatal en el campo, para la dotación de semillas, de asistencia técnica, crédito y comercialización, en general las inversiones públicas se redujeron significativamente.

Desde la década de los 90, las políticas de corte neoliberal orientadas hacia el aperturismo comercial y a la reducción del Estado, han afectado a las pequeñas y medianas agriculturas a favor de los grandes agro negocios y la exportación.

Entre esas políticas neoliberales han destacado: la liberalización del mercado de tierras, la desaparición de entidades públicas de apoyo a los agricultores (ENAC, ENSEMILLAS, etc), la reducción del Ministerio de Agricultura, los incentivos para la agroexportación y desestímulos para la producción dirigida al mercado interno como la apertura a las importaciones y la  reducción de aranceles.

El impacto directo de la crisis agropecuaria se evidencia en la pérdida sustantiva de los medios de producción al alcance de los pequeños productores: tierra, agua, fuerza de trabajo, acceso a financiamiento y capacitación técnica; al punto de convertir sus economías en actividades de supervivencia que no garantizan la seguridad alimentaria familiar, ni los medios para atender sus necesidades elementales de educación, salud, vivienda, etc.

Por ello, en el sector rural se concentra gravemente tanto la pobreza como la extrema pobreza, pues, según la estadística nacional el índice de necesidades básicas insatisfechas en el área rural alcanzan el 85,6% y la pobreza de consumo afecta  al 80% del total de la población rural.

La organización jurídica y político-administrativa del Ecuador, así como también los diversos gobiernos que se han turnado en el poder en el transcurso de la historia ecuatoriana, influenciados por ideologías racistas y discriminatorias, nunca tuvieron un plan de Estado desde y para los campesinos y pueblos indígenas y afroecuatorianos.

Por el contrario, las políticas públicas estatales han favorecido la apropiación y transferencia de los bienes y recursos de origen rural hacia las elites agrarias, propiciando la implantación de esquemas de desarrollo agropecuario injustos, concentradores y anticampesinos.

Y es que la lógica mercantilista hegemónica empuja al libre comercio; un “libre comercio” que oculta las grandes distorsiones de los precios internacionales de los productos agroalimentarios a causa de los subsidios que en el norte del mundo (USA, Canadá, Europa) superan los  300 mil millones de dólares anuales y que permiten que muchos productos se vendan por debajo de su valor de producción (dumping).

Según RIAD[2] esos subsidios llegan a afectar los precios de productos como maíz, arroz, soya, leche, en niveles incluso mayores al 20%. De tal modo que los/as pequeños/as agricultores/as del sur del mundo se ven obligados a competir en condiciones de absoluta desventaja. Esta situación se agrava por las reformas neoliberales a los Estados nacionales que implican, entre otros aspectos, la reducción de la inversión pública en áreas sociales (salud, educación) y del apoyo a las pequeñas y medianas agriculturas.

Además, bajo el lema de la “ayuda humanitaria” y como un mecanismo asistencialista de administración de la pobreza, se han ido ampliando los programas alimentarios para los sectores empobrecidos de la población, en muchos casos paradójicamente constituidos por millares de personas que han tenido que abandonar el campo, por resultar agricultores “inviables”, porque no podían competir con productos subsidiados y con esas mismas donaciones alimentarias.

En este marco, la situación de la agricultura ecuatoriana se caracteriza por:

• La injusta distribución de la tierra, el 47.7% de pequeños propietarios posee únicamente el 2.04% de la tierra de uso agrícola, en cambio, el 3.32% de grandes propietarios acapara el 42.57% de la tierra de uso agrícola[3] . Son excepcionales los casos de mujeres que han logrado titulación de la tierra.
• El deterioro de la calidad de la tierra en manos campesinas, ya que estos predios, pobres por naturaleza, han debido soportar un uso muy intenso que ha agotado sus reservas de materia orgánica y nutrientes
• Apenas el 14% de los terrenos menores de 20Has tiene algún tipo de riego
• Un desigual acceso a recursos financieros, debido a que las instituciones financieras se concentran en la agroexportación o las agroindustrias.
• La pérdida de los derechos de los trabajadores/as agrícolas sobre todo por la tercerización. Las mujeres trabajadoras agrícolas son las más afectadas.
• Una inadecuada propuesta tecnológica que ha desconocido la diversa y heterogénea realidad agroecológica y socioeconómica y cultural del país, y ha sido la principal causa de la dependencia tecnológica
• Una deficiente asistencia técnica, en vista de que el PROMSA, entidad encargada de esta actividad, ha tenido un impacto muy limitado
• Falta de infraestructura básica, que no tiene que ver únicamente con infraestructura vinculada a la producción como serían los canales de riego, secadores, silos, etc.; sino, la ausencia de obras básicas como electricidad, vialidad, comunicaciones.
• Desiguales términos de intercambio en el mercado por las condiciones que impone el capital comercial en temas clave como el precio de los insumos o el valor de las cosechas.
• Descoordinación institucional por parte de entidades públicas y privadas que tienen que ver con el desarrollo rural como el MAGAP, BMS, municipios, universidades, cooperación internacional, ONG, etc.
• Los/as pequeños/as productores/as agrícolas tienen bajos niveles de educación formal. Solo el 9% de esos agricultores aprobó la secundaria. Las mujeres son las que menos acceso a la educación tienen.

La producción destinada a cultivos de exportación aumenta cada vez, mientras que decrece la superficie de cultivos destinados al consumo interno. Aún así, los pequeños y medianos productores abastecen algo más del 60% de la canasta básica nacional.[4]

La pobreza en el sector rural es crítica: en el campo el 75.8% de la población es pobre y el 33.9% indigente. La población no solamente es pobre en lo referente a ingresos monetarios, sino que padece de severas deficiencias en acceso a educación, salud y vivienda. La pobreza es mayor en zonas donde la población no tiene acceso al crédito, la tecnología, el riego.

Como consecuencia del desmantelamiento del sistema institucional público de asistencia técnica, de financiamiento y de comercialización, el sector de pequeños y medianos productores ha sido abandonado, el gasto público en el sector ha tenido un significativo descenso en los últimos años, de 288.9 millones de dólares en 1997 a 131.5 millones en el 2001 (Minga por el agro, MAG, 2003). La cobertura de los servicios que brinda el Estado es mínima:

Estructura actual del financiamiento

Fuente	Porcentaje
Bancos y COAC	1.9%
Prestamistas	1.8%
Otras Fuentes	1.6%
BNF	1.2%
Empresas privadas	0.9%
Total con crédito agropecuario	7.4%
Sin crédito agropecuario	92.6%

 

 

Estructura de la asistencia técnica

Institución	Porcentaje
Otras Fuentes	1.9%
Personas naturals	1.6%
ONG	1.6%
MAG-INIAP	1.0%
Casas comerciales	0.6%
Total con asistencia técnica	6.8%
Sin asistencia técnica	93.2%

                           Fuente: Censo Agropecuario MAG - 2000

Participación de Diversos Estratos de Tamaño en la Producción Agropecuaria (en porcentaje)
Producto	Hasta 5 has.	de 5 a 20 has.	de 20 a 100 has.	de + de 100	Producción Nacional
Banano	2,77	11,28	30,71	55,25	2212204 TM
Cacao	9,32	27,88	41,42	21,39	65903 TM
Café	10,73	25,04	55,34	8,9	27831 TM
Arroz	17,33	31,4	26,8	24,46	1246634 TM
Maíz Duro	11,91	34,26	39,69	14,15	515302 TM
Soya	5,8	21,21	35,32	37,67	94102 TM
Caña para Azucar	0,8	4,66	8,76	85,79	5403779 TM
Palma Aceitera	0,05	1,95	22,4	75,6	1238986 TM
Papa	32,12	31,47	19,71	16,7	239714 TM
Cebolla Colorada	59,39	24,95	8,49	10,17	41916 TM
Col	64,87	20,24	12,45	2,44	9483 TM
Zanahoria Amarilla	66,05	11,03	11,27	11,65	18794 TM
Plátano	12,88	29,38	44,81	12,92	530805 TM
Fréjol Seco	37,45	33,18	19,67	9,69	18052 TM
Leche Fresca	22,79	19,09	33,38	24,74	3525026
Ganado Vacuno	17,7	17,3	34,9	30,1	4485019
Ganado Porcino	47	23,5	21,9	7,6	1527113
Ganado Ovino	58,7	23,6	7,6	10,1	1127468

Pese a este grave desentendimiento estatal, el Ecuador produce prácticamente todos los alimentos necesarios en calidad y cantidad para garantizar la seguridad alimentaria con adecuados índices nutricionales, sin necesidad de realizar importaciones. Según FAO y MAG [5] el consumo promedio de calorías en el país es el siguiente:

CONSUMO TOTAL DE CALORIAS PER CAPITA
Años	Calorías
2002	2813,42
2001	2782,02
1997	2660,82
1995	2388,98
1990	2340,53

Sin embargo, no toda la población accede a esos alimentos a causa de la pobreza y al incremento de los precios, sobre todo a partir de la dolarización. En el país, como en el resto del mundo, sobran los alimentos pero están mal distribuidos, lo que provoca serios problemas de desnutrición.

 

Consumo aparente medio por habitante de los principales grupos de alimentos por región y área: Ecuador 1998

(kilos o litros por persona por mes)

Región y area	Carnes (kgs)	Lácteos (litros)	Huevos  (kgs)	Cereales (kgs)	Tubérculos (kgs)	Hortalizas (kgs)	Frutas (kgs)	Grasas (kgs)
Costa rural	4.2	3.9	0.59	9.3	3.1	2.3	19.8	1.6
Costa urbana	4.7	5.8	0.62	10.3	3.8	3.8	14.8	1.1
Costa total	4.5	5.2	0.61	10.0	3.6	3.3	16.5	1.2
Sierra rural	1.9	5.4	0.62	9.2	8.7	3.2	8.1	1.0
Sierra urbana	3.9	8.9	0.86	9.7	7.6	4.4	12.3	0.9
Sierra total	2.9	7.2	0.74	9.5	8.1	3.8	10.2	0.9
Oriente total	3.7	8.4	0.78	8.3	6.1	3.2	19.3	1.2
Total rural	3.0	5.0	0.62	9.2	6.1	2.8	13.9	1.2
Total urbano	4.4	7.0	0.71	10.1	5.2	4.0	14.0	1.0
Total Nacional	3.8	6.1	0.67	9.7	5.6	3.5	14.0	1.1

Fuente: INEC, Banco Mundial. LSMS, 1998 (Tomado de Larrea, Freire y Lutter, 2001). 

En síntesis, el modelo neoliberal aplicado en los últimos veinte años, con la apertura comercial y el achicamiento del Estado profundizó la pobreza rural, puso en riesgo la soberanía alimentaria, aumentó las inequidades y excluyó a las pequeñas y medianas agriculturas del modelo de desarrollo.  El aperturismo comercial agroalimentario sustentado en la competencia desleal debida a los subsidios ha sido una de las peores amenazas para la agricultura campesina y pese a que se han suspendido las negociaciones del TLC con los Estados Unidos, este tema sigue siendo un riesgo pues ya se habla de posibles acuerdos de apertura comercial con la Unión Europea y otros países lo que podría afectar tanto como el TLC con los USA.

2. ENFOQUE

La Mesa Agraria sustenta sus propuestas en la necesidad urgente de revertir las inequidades y ofrecer una digna calidad de vida a la gente del campo. Para desarrollar sus propuestas, este espacio de convergencia de organizaciones campesinas, indígenas, afro ecuatorianas, montubias, parte de algunos conceptos centrales.

Muchas veces se considera que tanto seguridad como soberanía alimentaria significan lo mismo, por ello nos parece oportuno aclarar las diferencias[6]:

“Seguridad alimentaria

Según la definición que fue adoptada en Roma en la cumbre mundial sobre alimentos en 1996, la seguridad alimentaria cumple con los siguientes requisitos: la alimentación debe estar siempre disponible (tanto por el lado de la producción como por el lado de la distribución), el acceso a él debe estar asegurado para cada individuo y el alimento tiene que ser suficientemente nutritivo (esto quiere decir que debe proporcionar suficiente energía y otros elementos nutritivos necesarios, estar seguro en cuanto a calidad alimentaria, y culturalmente aceptable)”.

“Soberanía alimentaria

Este concepto surgió de la preocupación de que el libre comercio internacional no conduce a la seguridad alimentaria en el ámbito local y nacional. En forma paralela a la cumbre mundial alimentaria en 1996, la sociedad civil organizó una conferencia sobre el tema “Foro para Soberanía Alimentaria”, en donde se desarrolló el concepto.

Soberanía alimentaria significa que pueblos, comunidades y países tienen el derecho a definir una política sostenible en cuanto a agricultura, empleo, pesca, alimentación y tierra, sin “dumping” en otras regiones y sin daño para las generaciones futuras. Una política sostenible significa una política adaptada a las circunstancias específicas en el ámbito de ecología, economía, asuntos sociales y culturales”

Vistos estos conceptos, lo importante es reconocer que mientras desde las transnacionales y la OMC se presiona por el libre comercio, bajo el lema que el mercado es el mecanismo más idóneo para organizar la producción y distribución agroalimentaria; desde las organizaciones sociales del campo y desde diferentes ONG y redes internacionales se ha levantado un discurso que resiste al neoliberalismo y al “libre comercio” y que presiona por una nueva política internacional para el comercio agroalimentario, por la reactivación de las agriculturas campesinas desde un enfoque de sustentabilidad.

Como manifestaba la sociedad civil reunida en Cuba en el 2002 a propósito de la segunda consulta de FAO, “5 años después”: “Los alimentos no son una mercancía más y el sistema alimentario no puede ser tratado con la única lógica del mercado. La falta de alimentos no es la verdadera causa del hambre y la malnutrición en el mundo, sino la distribución inequitativa de los recursos productivos y de los ingresos. La concepción promovida por el neoliberalismo sobre las ventajas comparativas produce graves prejuicios para los sistemas agroalimentarios de la Región. La lógica de importación de alimentos básicos tiende a desmantelar la producción doméstica para comprarlos más baratos a los países ricos”.[7]

De tal modo que para la Mesa Agraria, en un contexto global hegemonizado por el neoliberalismo que considera al mercado como el mejor asignador de recursos, es indispensable revertir esta perversa lógica y avanzar hacia la conquista de la alimentación como un derecho. El Estado está llamado entonces a garantizar ese derecho y, para hacerlo, debe mantener como una política estratégica la protección y promoción de la agricultura campesina para evitar la dependencia de alimentos importados. Cada localidad, cada pueblo, cada comunidad, debe tener el derecho a producir y acceder a los alimentos adecuados.[8]

Un enfoque desde nuestras identidades

Nuestro enfoque además parte de que campesinos, pueblos indígenas y afroecuatorianos demandamos para sustentarnos del acceso a los recursos naturales, sea a la posesión y/o el uso de la tierra, agua, foresta, biodiversidad, etc.  El trabajo del campesinado está centrado en la fuerza de la familia aunque pueda contratar servicios temporales y/o prestar servicios a terceros.

Nuestro quehacer diario y futuro tiene que ver con la creciente de mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, de la familia y la comunidad. Teniendo acceso a la tierra y a los recursos naturales resolvemos nuestros problemas reproductivos. Los campesinos tenemos valores propios y locales, afirmamos y reafirmamos nuestra manera de ser y de vivir, marcando diferencias con relación a los estilos de vida de sociedades capitalistas modernas.

Nuestra diversidad incluye a pequeños y medianos propietarios de tierras, agricultores, pueblos de la foresta tropical, pescadores artesanales, recolectores del manglar, trabajadores/as asalariados y otros más como los arrendatarios que trabajan la tierra por cesión; los pueblos indígenas, los/as mestizos, los pueblos afroecuatorianos, montubios y colonos.

A esa multiplicidad de formas de vivir y de ser de los campesinos corresponden culturas diversas, identidades distintas, relaciones múltiples con los aparatos de poder, aspiraciones y expectativas sociales diversas.

3. LA PROPUESTA

Desde estas identidades y porque Ecuador nunca tuvo un plan para los campesinos indígenas y negros, sino solo para las elites agro empresariales dedicadas a la industria, los negocios y la exportación, creemos que  hay que construir otro modelo de economía y sociedad:

•·        Cambiar las relaciones sociales, económicas y productivas en el campo para hacerlas más equitativas, justas y sustentables.

•·        Contraponernos productiva, cultural, ideológica y prácticamente al modelo de los agronegocios de las multinacionales y de las élites nacionales en el campo.

Con esos grandes objetivos proponemos como ejes centrales:

• Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria para la población a partir de la producción agro alimentaria nacional, promoviendo sistemas agroecológicos de producción y evitando la dependencia de importaciones de alimentos; protegiendo y promoviendo a las agriculturas campesinas a través del acceso a la tierra, el agua y a servicios democráticos para la producción de alimentos, sanos, adecuados y suficientes.

• Promover una revolución agraria entendida como un proceso de cambio profundo en las políticas públicas para el agro, reconociendo que la agricultura debe ser el eje de un nuevo modelo de desarrollo equitativo, intercultural, sustentable y soberano para el Ecuador. Esta revolución deberá incluir la redistribución de la tierra, la desprivatización del agua y su manejo sustentable , la defensa y conservación de la agrobiodiversidad y de los conocimientos a ella asociados, el control de las semillas por parte del campesinado y la inversión de al menos el 10% del presupuesto general del Estado para viabilizar las economías campesinas en las que se basa esta revolución.

Estos dos grandes ejes, se desagregan en las siguientes propuestas específicas:

Soberanía alimentaria

El Estado debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, básicamente a través del establecimiento de políticas que defiendan y reactiven la pequeña y mediana agricultura. La alimentación debe ser entendida como un derecho por lo que el Estado deberá garantizar el acceso de la población a los alimentos y no dejar esta necesidad, inherente a la vida, en manos del mercado.

•ü      Control de importaciones, aranceles, fijación de precios, subsidios.

•ü      Redefinir los programas de ayuda alimentaria y exigir que utilicen productos nacionales sanos, suficientes y adecuados.

•ü      Fortalecer la producción campesina (reforma agraria integral: tierras, agua, crédito, servicios, comercialización)

•ü      Impulsar la producción diversificada bajo el enfoque agroecológico

•ü      Proteger las semillas nativas e impedir el ingreso de semillas genéticamente modificadas al Ecuador

•ü      Evitar cultivos extensivos y los monocultivos a favor de la producción campesina de alimentos

•ü      Promover la articulación directa entre productores y consumidores

•ü      Conservación in situ de variedades de platas y semillas.

Tierra y territorios:

La tierra debe antes que nada cumplir un rol social. El campesinado debe tener acceso a la tierra mediante un proceso de revolución agraria integral.

•ü      Cumplir con el  convenio OIT en relación a tierras y territorios

•ü      Avanzar hacia un reordenamiento territorial que permita manejo, control y acceso, para conservar áreas protegidas por parte de las poblaciones locales y a la vez para la redistribución según la demanda social

•ü      Dar paso a la expropiación a favor de las organizaciones y comunidades campesinas de las haciendas e instalaciones productivas que han sido incautadas por la AGD.

•ü      Profundizar la  titulación de la tierra con equidad de género a través del INDA o de un nuevo instituto o Ministerio de tierras y recursos naturales.

•ü      Establecer la descentralización y reorganización del INDA, que se controle la corrupción interna y que se agiliten los trámites.

•ü      Garantizar que las tierras agrícolas utilizadas y potenciales para la producción de alimentos no sean remplazadas por monocultivos con otros fines, como por ejemplo agrocombustibles

Agua y recursos naturales:

Se reconoce al agua como un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos, con atención especial para pequeños agricultores y campesinos.

•ü      Preservar el ciclo del agua a través de adecuadas políticas de reforestación y de manejo de cuencas hidrográficas

•ü      Evitar los megaproyectos y represas que afectan los ecosistemas y a las comunidades locales

•ü      Revisar el proceso de concesiones de agua para identificar quiénes son los beneficiarios de la concentración del agua para riego y democratizar su acceso.

•ü      Crear un instituto nacional participativo y descentralizado que se ocupe de la gestión del agua y del manejo de las cuencas

•ü      Inventario de Recursos naturales y de fuentes de agua para garantizar la equidad en el uso.

•ü      Establecer prioridades en el uso del agua: uso doméstico, seguridad alimentaria, otros usos.

•ü      Modificar infraestructura existente de forma tal que permita a los pequeños tener acceso. (sobre todo en la costa)

Servicios a la producción:

•ü      Crear un Fondo de Reactivación Productiva que funcione como banca de segundo piso (financiado por AGD, canje de deuda externa). El fondo deberá tener un comité directivo con participación de las organizaciones del campo.

•ü      Reestructurar el Banco Nacional de Fomento de tal modo que se democraticen y se agiliten los créditos

•ü      Flexibilizar las líneas de crédito para la agricultura, intereses más bajos (entre el 3-4%) y con mecanismos de garantías acordes a las realidades del campo (no hipotecas de las tierras)

•ü      Exigir el descenso general de las tasas de interés a niveles internacionales (5%-6%)

•ü      Evaluar sobre la reestructuración del Banco de Fomento y el rol de la Corporación Financiera Nacional.

•ü      Estado debe impulsar la creación de sistemas de crédito, entendidos  como una forma de subsidio para proteger a la agricultura tal como se lo ha hecho en otros países.

Las políticas de comercialización deben tener respaldo estatal para garantizar prioritariamente el abastecimiento familiar y del mercado interno; luego el mercado internacional.

•ü      Contar con políticas estatales de comercialización que respalden a los pequeños productores, incluyendo control a las importaciones (aranceles, permisos) y control de monopolios.

•ü      Defender la reactivación de la ENAC pero con cogestión de las organizaciones del campo.

•ü      Constituir un fondo de comercialización permanente para la movilización de las cosechas (especialmente para maíz y arroz).

•ü      El Estado junto con las organizaciones y otras instancias deben fijar precios de sustentación para los productos agroalimentarios.

•ü      Es imprescindible realizar un control sobre las importaciones. Buscar mercados internacionales para los pequeños productores

Tecnologías y capacitación

La capacitación debe ser realizada de acuerdo a los requerimientos y propuestas de las organizaciones del campo.

•ü      Las organizaciones deben participar en la formulación, diseño, ejecución y fiscalización de los programas de capacitación que ofrecen el Estado o las ONGs.

•ü      Se deben firmar convenios  con las organizaciones para que se lleven a acabo los programas de capacitación

•ü      Promover la creación del sistema nacional de planificación, información y reactivación productiva que defina prioridades de investigación y de difusión de tecnologías agro ecológicas.

•ü      Crear escuelas de capacitación agropecuaria a nivel local, provincial y regional.

•ü      Rescatar conocimientos ancestrales habilidades y destrezas como un mecanismo para impedir intromisión de paquetes tecnológicos externos que destruyen a la pacha mama, madre tierra.

4. SUGERENCIAS HACIA LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES

Pese a que la actual constitución en su parte dogmática es progresista y responde en buena medida a las expectativas de la ciudadanía, consideramos necesario incorporar algunos aspectos significativos:

El Ecuador debe ser reconocido como un Estado social de derecho, soberano, JUSTO, unitario, independiente, democrático, INTERCULTURAL, PARTICIPATIVO y multiétnico.

Es indispensable que se otorgue al Estado el carácter de JUSTO pues el modelo de desarrollo vigente ha multiplicado la pobreza; el Estado debe asumir sus responsabilidades para combatir esa pobreza, redistribuyendo la riqueza que se ha concentrado en pocas manos.

Más que reconocerse el hecho de la multiculturalidad existente en el país, debe establecerse la necesidad de la acción del Estado para alcanzar la INTERCULTURALIDAD como una forma de relación respetuosa que supere la discriminación y las inequidades existentes entre los diversos pueblos, los géneros, las etnias, los grupos etarios, las regiones, el campo y las ciudades.

PARTICIPATIVO porque la sociedad civil exige involucrarse en todas las fases de la gestión pública (planificación, ejecución, control, evaluación) para superar las limitaciones y distorsiones que ha provocado el actual régimen de partidos

Con respecto al gobierno, consideramos oportuno redefinir el actual modelo presidencialista, buscando un mejor equilibrio entre las funciones del Estado, para ello se podría plantear un sistema SEMIPRESIDENCIALISTA que incorpore la revocatoria del mandato para todas las autoridades electas o designadas.

En consecuencia a estos postulados, al referirse a los deberes primordiales del Estado será necesario incorporar, a los existentes en la actual constitución, los siguientes:

•·        Establecer un modelo de desarrollo equitativo y sustentable que ofrezca oportunidades iguales a todos y todas los/as ecuatorianos, protegiendo los recursos naturales y la biodiversidad, incluyendo los recursos fitogeneticos para la agricultura y la alimentación, para las generaciones futuras.

•·        Fortalecer la interculturalidad y la unidad nacional en la diversidad, garantizando la superación de toda forma de discrimen e inequidad.

•·        Garantizar la soberanía y seguridad  alimentaria de la población a partir de la protección y promoción de la producción agro alimentaria nacional sobre base agroecologica, evitando la dependencia de importaciones de alimentos.

•·        Construir un sistema político basado en la participación directa de la población a través de Asambleas Territoriales, Cabildos u otras formas de toma de decisiones participativas.

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales:

Se deberá privilegiar la función social de la propiedad, en cualquiera de sus formas, particularmente en el caso de la tierra que deberá destinarse prioritariamente a la producción de alimentos sanos para la población.

Asimismo se deberá enfatizar en la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y de un desarrollo equitativo y sustentable; incluyendo en las políticas públicas un criterio de discriminación positiva hacia los espacios de mayor incidencia de pobreza, en particular hacia la ruralidad.

Es indispensable que el Estado garantice la protección legal de los  conocimientos de los pueblos ancestrales y de las comunidades locales que generan permanentemente nuevos saberes relacionados con la gestión de la agro biodiversidad

El Estado deberá garantizar los derechos de los/as agricultores/as en tanto al control de las semillas y de las tecnologías; así como el  acceso equitativo a la tierra, el agua y a los servicios para la producción de alimentos sanos; para cuyo cumplimiento el Estado deberá canalizar los recursos suficientes, no menores al 10% de su presupuesto general.

La alimentación debe ser considerada un derecho (inherente al derecho a la vida) y el Estado estará llamado a garantizar y facilitar el acceso de la población de escasos recursos a alimentos sanos, suficientes y adecuados, preferentemente producidos localmente.

Los derechos de las y los trabajadores, particularmente de los/as asalariados agrícolas, deberán ser plenamente garantizados por el Estado; ningún tipo de tercerización laboral podrá ser permitido pues se trata de mecanismos para irrespetar esos derechos.

Además deberá establecerse una garantía constitucional para que la unificación de las remuneraciones  de los trabajadores/as públicos y privados se cumpla sin excepción, con verdadera equidad, para todos/as.

Asimismo, deberá reforzarse la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la salud, educación, vivienda y seguridad social de calidad para  todos y todas los ecuatorianos; respetando y fortaleciendo la diversidad de identidades y promoviendo la interculturalidad; para lo cual deberán asignarse los recursos suficientes del presupuesto general del Estado.

Estos derechos deberán ser promovidos principalmente en la ruralidad que es el espacio más afectado por su falta de aplicación.

De igual modo, al referirse a los derechos colectivos, se debe consolidar lo previsto en la constitución vigente para pueblos indígenas y afroecuatorianos; pero,  adicionalmente, deberá extenderse al reconocimiento de estos derechos a las comunidades campesinas y montubias que no necesariamente se auto reconocen como pueblos o nacionalidades indígenas.

Para el cumplimiento de lo anterior es necesario desarrollar los mecanismos y canales de justiciabilidad de esos derechos, lo cual debe constituir un mandato de la nueva constitución.

Finalmente, en este capítulo, tomando en cuenta los excesos en que con frecuencia incurren muchos medios de comunicación, creemos conveniente establecer mecanismos de control social a los contenidos que ellos difunden; esto podría organizarse mediante veedurías ciudadanas evitando que sea el gobierno quien pueda ejercer algún tipo de censura a la libertad de expresión. Sería recomendable, en ese ámbito, el establecimiento constitucional de un sistema de medios de comunicación público y comunitario, que constituya una verdadera alternativa a los medios privados y cuyo funcionamiento debería ser garantizado plenamente.

Es necesario incorporar claramente a la participación y el acceso a la información como un derecho exigible. Si el Estado se reconoce participativo, deberá establecer sin lugar a duda el derecho de los ciudadanos en general y en particular de los campesinos, indígenas, montubios y afro descendientes a participar en la toma de decisiones que les afecten así como en la ejecución planes y programas de desarrollo, investigación científica, cultural, que involucren sus conocimientos, territorios y prácticas.

Sobre la parte orgánica

Con respecto a los mecanismos para que el Estado pueda cumplir con esos principios y derechos establecidos en la parte dogmática, que ha sido justamente la sección más débil y hasta contradictoria de la constitución vigente, se propone algunas  redefiniciones:

Con respecto al sistema político, en términos generales coincidimos con los planteamientos de la ciudadanía para despartidizar la política permitiendo la participación electoral de ciudadanos y ciudadanas sin necesidad de aval de las estructuras partidistas; exigiendo mejorar la calidad y democracia interna de los partidos políticos y promoviendo la incorporación de personas independientes en los tribunales y órganos de control.

Es necesario, de otro lado, redefinir el ordenamiento territorial tanto para democratizar el sistema político como para la gestión de un modelo de desarrollo equitativo, sustentable y descentralizado. Esta redefinición territorial subnacional deberá hacerse bajo los criterios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad entre los territorios, evitando la disparidad en el acceso a recursos públicos por parte de los diversos territorios, regiones, provincias, cantones, parroquias, circunscripciones territoriales indígenas.

Para que se cumpla con el principio de interculturalidad deberá incorporarse en todas las políticas públicas medidas para ofrecer iguales oportunidades a las diversas identidades colectivas y para promover las relaciones de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, entre ellas. Las instituciones públicas favorecerán la inclusión equitativa de personas provenientes de las diversas culturas y pueblos existentes en el Ecuador. En el caso de las instituciones creadas específicamente para tratar los temas relacionados con la etnicidad, se harán cambios para garantizar la participación plural y democrática de todos los actores que representan nuestra rica diversidad cultural, comunidades, uniones, federaciones, pueblos,  a más de las nacionalidades.

Para avanzar hacia la justicia social será necesario establecer mecanismos para que el Estado redistribuya la riqueza, cobrando impuestos a quienes mayor acumulación de renta y patrimonio tienen y devolviendo esos recursos en acciones públicas para cumplir con los derechos a la alimentación, a la educación, salud, vivienda, al pleno empleo y al bienestar social.

Como un incentivo a la producción agropecuaria de campesinos, indígenas y negros debe ser política del Estado exonerar los impuestos prediales rústicos, para los pequeños y medianos productores, ya que los municipios están afectando con tasas elevadas a las comunidades rurales.

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[1] Documento borrador preparado por Terranueva como secretaría de la Mesa Agraria con base en varias publicaciones de Terranueva, de la Mesa Agraria y de un documento presentado a propósito por FENOCIN

[2] Red Interamericana Agriculturas y Democracia, cuaderno de trabajo sobre la OMC, 1998.

[3] Datos tomados del Censo Agropecuario Nacional, MAG, Quito, 2000.

[4] Investigación hecha por FENOCIN en el año 2000

[5] Foro Nacional: Hacia la institucionalización de la seguridad alimentaria en Ecuador, Quito, 2003, FAO-MAG

[6] Tomado de DERECHO A ALIMENTOS / AGRICULTURA SOSTENIBLE Visión conjunta del movimiento Norte-Sur y del movimiento ecologista en cuanto al tema de la ‘agricultura’ VODO equipo de trabajo ‘agricultura’ 14 de octubre de 2005

[7] FAO, Segunda Consulta Regional hacia la Cumbre Mundial de la Alimentación, Cuba, 2002

[8] Se entiende por adecuados: sanos, suficientes y correspondientes a cada cultura.

 

 

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