Hace pocos años el director legal del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Chris Jochnick contó un ejemplo revelador para llamar la atención de un auditorio que asistía a la Primera Conferencia Nacional sobre Derechos Económicos y Sociales.

La historia fue de un país centroamericano que vivió una crisis de salud en medio de un conflicto armado que lo azotó en la década de los ochenta. La causa: el gobierno impidió el ingreso de medicinas y médicos a una zona del país, argumentando que la guerrilla utilizaba esos servicios en su beneficio.

La decisión del gobierno afectó a miles de personas que no pertenecían a ninguno de los dos bandos en conflicto.

Las organizaciones de derechos humanos, acostumbradas a lidiar con problemas relativos a violaciones a los derechos civiles y políticos, fueron tomadas por sorpresa. Luego de analizar el problema resolvieron plantear su denuncia con el siguiente argumento: el derecho al libre tránsito de los médicos había sido violado.

A nadie se le ocurrió plantear el problema desde la óptica de la violación al derecho de la salud de los habitantes de la zona intervenida .

En efecto la salud es parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Así como el trabajo, la libertad sindical, la propiedad, la seguridad social, la vivienda, la educación, entre otros.

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