En su contenido entre otras cosas expresa, la creación de la jurisdicción contenciosa electoral que será aplicada por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo que ejerzan jurisdicción en el domicilio del impugnante, y en casación por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Todas las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral o de los Provinciales electorales, o como se denominen en el futuro, serán impugnados ante el órgano jurisdiccional competente, por primera vez, luego del retorno a la democracia.

También las infracciones electorales que constituyan delitos y que estén sancionadas con privación de la libertad serán juzgadoos por los jueces competentes de lo penal; el juzgamiento de las demás infracciones será de competencia del respectivo Instituto Electoral, y su impugnación se la realizará en sede adminitrativa o ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Esta propuesta, es una clara evidencia de mantener un control de legalidad sobre los actos administrativos electorales, optimizando el recurso humano existente en la Administración de Justicia ecuatoriana, evitando y combatiendo con ello actos de corrupción que han sido repudiados por el pueblo ecuatoriano, resultado de las componendas políticas propias de la partidocracia y porque habrían asumido una condición de juez y parte, violentando abiertamente derechos, garantías constitucionales y legales de los actores políticos.

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El Consejo Nacional de la Judicatura y su creación fue una impronta de la República de Colombia con el objeto de administrar los recursos humanos, de la administración de justicia.  Sin embargo este organismo no ha cumplido con las expectativas y los objetos para lo que fue creado, más bien ha aumentado la burocracia en términos alarmantes pero que no satisface las exigencias de la ciudadania.

Existen un sinnúmero de vacantes, pero este organismo ha sido incapaz e ineficaz de cumplir con los objetivos para los que fue creado; para llenar una sola vacante no solo que se demora meses sino años, perjudicando de esta manera a la administració9n de justicia en su conjunto

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CONSIDERANDO:

1. Que, el Pueblo ecuatoriano desde el retorno a la democracia ha confiado reiteradamente en la institucionalidad política para que guíe los destinos de la patria, sin embargo, los partidos políticos que constituyen los actores principales del sistema político, se han limitado a negociar e incluir en la agenda pública los intereses de las élites que los constituyen, organizan y gobiernan.

2. Que los partidos políticos no han cumplido la función democrática de ser los entes de participación ciudadana y los actores que captan las demandas sociales para convertirlas en decisiones políticas, constituyéndose por el contrario, en espacios de incipiente participación ciudadana, con una marcada inconsistencia ideológica y que responden a la voluntad de los caudillos que los lideran.

3. Que, el Ecuador desde su retorno a la constitucionalidad en 1978 ha experimentado una crisis económica e institucional permanente, lo que ha provocado la deslegitimación del sistema político en su conjunto y lo que es más grave aún, ha condenado a la mayor parte de ecuatorianos a condiciones de pobreza extrema.

4. Que, el Pueblo ecuatoriano como el supremo soberano ha decidido poner fin a éstas prácticas partidistas y buscar salidas institucionales a la crisis social, política y económica que atraviesa el país, a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de  refundar el país y establecer una nuevo pacto social.

5. Que, la crisis política del Ecuador no es una crisis coyuntural, es una crisis profunda, que trasciende  y afecta al sistema político, económico y social  y degenera a la democracia representativa, involucrando a la sociedad y al Estado, en su conjunto, provocando con ello, la necesidad de afirmar el camino de la democracia participativa para hacer realidad  la Patria soñada.

6. Que, la Asamblea Nacional Constituyente representa al pueblo soberano que el 15 de abril de 2007 se manifestó por el “SI” en un 80% en la consulta popular, ratificando con ello la refundación de la República, dotándole a la Asamblea plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado, y para elaborar una nueva Constitución.

7. Que, para ejecutar los plenos poderes la Asamblea debe asumir tres tareas constituyentes: elaborar y promulgar una nueva Constitución que exprese el nuevo contrato social para la Refundación de la República; elaborar y promulgar las leyes orgánicas correspondientes, para garantizar la inmediata ejecución de la Constitución; y reestructurar la institucionalidad del Estado.

8. Que, la Asamblea Nacional Constituyente respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

9. Que, el Congreso Nacional de la República del Ecuador no ha logrado cumplir con la producción de leyes que representen los verdaderos intereses de los sectores populares; con la reforma y derogatoria de leyes para viabilizar la aplicación eficaz de la norma constitucional; por el contrario, han favorecido  a los grupos de poder económico y de élites políticas, incluso habrían secuestrado  a los organismos de control y la justicia para dejar en la impunidad actos ilícitos.

10. Que, han existido presuntos actos de corrupción manifiesta en el Congreso Nacional, que deslegitiman su actuación y que atentan contra la moral pública y el mandato popular.

11. Que, el pueblo ecuatoriano cansado de la incapacidad e ineptitud manifiesta de los representantes parlamentarios ha expresado su voz de protesta  e inconformidad en las calles y ha aclamado la cesación de sus funciones.

12. Que, no pueden coexistir órganos paralelos de Legislación  durante la vigencia del periodo de instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto, el poder constituyente prevalece sobre el poder constituido al pretender construir un nuevo Estado donde se fije el destino de todas las funciones [ legislativo, ejecutivo y judicial ].

13. Que, con el propósito de optimizar los recursos económicos del Estado destinados a mantener el pago de dietas  y otros emolumentos a los Diputados, Directores y Asesores del Congreso Nacional de la República del Ecuador, estos deben ser trasladados al presupuesto de la Asamblea Nacional Constituyente.

En uso de sus atribuciones y conforme al mandato popular y al poder constituyente,

RESUELVE:

Art. 1.- DISOLVER al Congreso Nacional de la República del Ecuador  y consecuentemente las funciones de los Diputados, Directores y Asesores,  a partir de la instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta la aprobación en Referéndum de la nueva Constitución Política de la Republica.

Art. 2.- DISPONER al Ministerio de Economía y Finanzas transfiera los recursos económicos asignados al Congreso Nacional para destinarlos al presupuesto de la Asamblea Nacional Constituyente.

Art.3.- TRASLADAR ADMINISTRATIVAMENTE a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente a los servidores públicos de carrera administrativa que laboran en el Congreso Nacional y que sean requeridos por la Asamblea para que desempeñen funciones técnicas-operativas  en la misma; a fin de optimizar el recurso humano existente.
Dado y firmado en la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí,  a………… del 2007.

NOTA: Sugerencias y observaciones al mail: nelsonflopez608@hotmail. com

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Es muy grato dirigirme a Ustedes y por su intermedio a su digna familia, soy nacido en Tulcán, de profesión Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, actualmente Asesor de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, Profesor ocasional de varias Universidades y Escuelas Politécnicas del país; autor de 10 libros sobre Derecho Público; y,  por primera vez en mi vida me encuentro participando en un movimiento político, el mismo que representa el anhelo de millones de ecuatorianos que soñamos en recuperar la Patria.
  
El 15 abril del presente año la mayoría del pueblo ecuatoriano se pronunció con un “SI” rotundo en las urnas en contra de la partidocracia corrupta y de los politiqueros de siempre; reclamando la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, para que con fe y esperanza y con la voluntad del soberano, se forje el cambio en la estructura administrativa del Estado y se elabore una nueva Constitución, en donde el postulado democrático del gobierno, sea por el pueblo y para el pueblo.

Mi pasión será luchar, defender y lograr que en la nueva Constitución -madre de todas las leyes - vaya impregnado y ojalá para siempre los derechos y garantías fundamentales de quienes más lo necesitan, forjando un país nuevo, libre de corrupción, sin odios y  sin mafias políticas  que tanto daño nos han hecho a través de los tiempos.

La preparación académica  que con enorme sacrificio familiar  he logrado en las  aulas de las Universidades del Ecuador, Europa, Sudamérica y Centroamérica me da la garantía más idónea  para llenar las expectativas que posibiliten el cambio estructural  que exigen  los ciudadanos y ciudadanas  del país. Porque “cuando uno sueña solo es sólo un sueño, pero cuando muchos sueñan lo mismo empieza a ser una realidad”.

Carchenses  con verdadero patriotismo y sinceridad  quiero aportar al desarrollo  de mi pueblo y del país, porque me siento comprometido con mi Patria, con los niños, jóvenes, profesionales, jubilados, ancianos y con los pobres, porque para ellos brillará por fin un nuevo amanecer, lleno de esperanzas y de mejores días.

Por el bien de nuestro Carchi querido, TÚ VOTO  deberá ser por gente joven, capaz y honesta.
“Porque la Patria ya es de todos”

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