Mónica Chuji Gualinga
Candidata a Asambleísta Nacional por Acuerdo País - Lista 35

Septiembre del 2007

Jaku Asamblea mingaman! Tukui Llactakuna shuk Mamallaktallay!
¡Vamos a la Minga por un Ecuador soberano, justo, equitativo y unido en la diversidad!

ANTECEDENTES

El Estado: escenario de conflictos de poder político, económico, social y cultural

Desde la Independencia en 1830, la República de Ecuador ha enfrentado la contraposición entre Estado y Mercado, en que las élites criollas de poder económico y político buscaron construir un Estado Nación a su imagen y semejanza que sirviera a sus intereses y asegure la supremacía del libre mercado y la empresa privada sobre el Estado; éste concebido como un simple gendarme de la libertad de los ricos y poderosos para explotar a ‘sus’ súbditos indígenas, campesinos y trabajadores, y los recursos naturales.

A comienzos del siglo XX, por influencia de los movimientos sociales y revolucionarios, el Estado comenzó asumir un rol de responsabilidad social y regular la creciente economía capitalista nacional para mitigar las duras condiciones de vida de la masa de ecuatorianos y así disminuir los conflictos entre explotadores y explotados. Este proceso culminó con la aparición de llamado Estado de Bienestar, en que todas y todos los ecuatorianos iban a gozar de los mismos derechos y servicios sociales.

Pero la inequidades estructurales persistieron debido a que el Estado continuaba siendo controlado y corrompido por las élites de siempre, quienes aseguraron que éste proyecto de bienestar y justicia social que prometía el Estado de Bienestar no lograra mantener el nivel de respuesta a las crecientes demandas ciudadanas. Así que, a partir de los años 1970 y 1980, se rompe el consenso alrededor del llamado Estado de Bienestar, ideal que fue reemplazado por el modelo neoliberal, promovido principalmente por los intereses empresariales y los gobiernos y organismos multilaterales norteamericanas y europeas. Con el fin de abrir mercados a nivel mundial y aumentar las ganancias para la grandes corporaciones transnacionales, el modelo neoliberal pretende disminuir el rol del Estado y eliminar su papel de regulador del mercado, dando paso a un capitalismo globalizado rampante sin control ni responsabilidad social. Su ideología se expresa en los binomios Estado/Mercado y Poder/Libertad, es decir se propone convertir al Estado en un ente al servicio del mercado y que ‘la libertad’ sea la libertad de los poderosos a maltratar los derechos de los demás para promover y proteger sus intereses particulares.

Pero, luego de más de 30 años, el neoliberalismo está entrando en una profunda crisis, como consecuencia de las luchas emprendidas por los diversos pueblos y nuevos movimientos sociales y políticos alrededor del mundo. Como en tantos otros países latinoamericanos, en Ecuador también han irrumpido con fuerza en el escenario político nuevos actores y paradigmas que conciben los problemas sociales y políticos desde perspectivas y propuestas alternativas más amplias, diversas, incluyentes y participativas que también abarcan temas de profunda relevancia para el conjunto de nuestra sociedad, como son la equidad de género y generacional; la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, etc.; y el respeto y defensa de la Madre Tierra – la Pacha Mama.

Este proceso liberador es manifestado por la confluencia de diversos procesos políticos, como el movimiento indígena con sus propuestas de un Estado plurinacional y de otros pueblos, sectores y movimientos sociales que hoy en día enfrentan y desafían el modelo neoliberal y la clase política tradicional con sus partidos corruptos que han impulsado el llamado ‘ajuste estructural’ de la desigualdad, la privatización y la dolarización, que amenazan a nuestra soberanía económica nacional y promueven la continua erosión de la estructura productiva interna, a la vez fortaleciendo la tradicional economía que depende de la exportación de los recursos naturales que contrae la continua destrucción del medio ambiente, pero ahora con una nueva ‘explotación’: la mano barata de millones de ecuatorianos y ecuatorianas a tierras ajenas. Y a cambio, importamos bienes de consumo empaquetados con una cultura ajena individualista, avariciosa y consumista que mina y amenaza nuestra propia identidad y cultura generosa y solidaria.

¿Por qué una Nueva Constitución?

Una Constitución es el conjunto de normas jurídicas supremas que garantiza a la ciudadanía determinados derechos y rigen la organización y el funcionamiento de un Estado, que fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, estableciendo así las bases para su gobierno y la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan.

Por eso es tan importante que en Ecuador tengamos una Constitución que garantice todos nuestros derechos y asegura que las leyes promulgadas por el Congreso Nacional sean justas y de beneficio de todo el país, y no solamente de los grupos de poder de siempre. Un caso concreto que demuestra el peligro de tener una Constitución inadecuada es el de la transitoria 42 del Artículo 265 de la actual Constitución, aprobada por una minoría en la Asamblea Constituyente de 1998, que contribuyó de forma legal a la crisis financiera que representó una pérdida para el país de más de 8 mil millones de dólares en 1999 durante la Presidencia de Jamil Mahuad.

Como consta la propuesta del Gobierno Nacional de Rafael Correa para una nueva Constitución( ), ahora es oportuno desarrollar una propuesta que supere por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana dicha contraposición entre los binomios Estado/Mercado y Poder/Libertad y abarque desde una perspectiva sistémica todos los temas arriba mencionados, desde una visión, alternativa y progresista, de tal manera que se genere un nuevo modelo constitucional que, sin desechar los avances del constitucionalismo global, incorpore a la estructura constitucional una normativa integral que tome en consideración y tenga como eje la protección de la vida en todas sus manifestaciones: natural, social, cultural, política y económica.

En el Ecuador el problema no se reduce solamente a la caducidad de un sistema de pensamiento, que ha dejado de lado las distintas dimensiones de la vida social. Lo cierto es que a lo largo de la historia constitucional ecuatoriana y particularmente en los 25 años de predominio de la agenda neoliberal, no se construyó ni consolidó un Estado capaz de coordinar y regular la economía, redistribuir la riqueza y lograr la justicia y las equidades sociales, lo que derivó en la crisis global de la sociedad ecuatoriana.

La debilidad institucional y la nula eficacia de la acción del Estado, a la hora de coordinar a los agentes sociales y económicos alrededor de las metas de desarrollo social equilibrado y sustentable, han generado un país fragmentado con pequeñas islas de modernidad y prosperidad al lado de inmensos sectores en situación de pobreza, exclusión, marginalidad y precariedad social. El actual modelo de gestión estatal ha sido incapaz de superar problemas tan obvios como el agotamiento del Estado centralista; la exclusión de los ciudadanos respecto del sistema político; conflictos por el uso y ocupación de la tierra; inequidades del desarrollo regional; deterioro ambiental; la desarticulación entre los distintos niveles de gobierno y la falta de democracia, transparencia y participación.

Un nuevo paradigma constitucional en su integridad requiere en el plano institucional la generación de un nuevo sistema político constitucional democrático y plurinacional que recupere la dimensión pública de la vida social y que garantice efectivamente los derechos culturales, sociales, económicos, políticos y ambientales, y regenera las capacidades estatales de regulación económica y redistribución equitativa de la riqueza.

Este cambio constitucional, para que sea eficaz y duradero, debe ser el resultado de un proceso consensuado, democrático, amplio y pluralista en el que participen activamente todos los y las ecuatorianas en la definición de los principios que enmarcaran el desarrollo institucional futuro.

El carácter progresista de la transformación institucional en la que el Ecuador se ha comprometido se garantiza desde la participación ciudadana en el proceso constituyente, en contraposición con las reformas estructurales del Estado y la economía a lo largo de los años 90, así se explican los resultados de las elecciones de noviembre de 2006 y abril de 2007 que demandan una transformación que deberá democratizar y definir las nuevas características institucionales y administrativas que se requieren para afrontar los retos de la construcción de una patria nueva para todos y todas.

LAS PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE MÓNICA CHUJI

Introducción

Como mujer indígena kichwa ecuatoriana, comunicadora y madre de familia, considero que la propuesta constitucional de mi candidatura a Asambleísta Nacional por Acuerdo País, Lista 35, incluye elementos de una sensibilidad y comprensión que parten de esta identidad y la realidad de pertenecer al pueblo kichwa amazónico que, como la mayoría de pueblos y sectores populares de Ecuador, sobrevive en la pobreza y la marginación. Esta realidad en que nací, crecí y desarrollé mis primeros criterios, me ha facultado tener una visión intercultural y popular de las urgentes necesidades y las demandas políticas, culturales, sociales, económicas y ambientales por lo que todos las y los ecuatorianas luchamos.

Esta visión, además mi experiencia de organización y mi formación profesional en comunicación y los derechos humanos y colectivos, me permitirá trabajar con los demás compañeras y compañeros Asambleístas patriotas y progresistas para asentar en la Nueva Constitución nuestros derechos y el marco jurídico de un nuevo Estado Ecuatoriano democrático constitucional y plurinacional.

Será esta Nueva Constitución que garantice para todos y todas la justicia y la equidad de género, generacional y cultural, la paz, la seguridad y el bienestar social y económico, el desarrollo sostenible, un medio ambiente sano, entre tantos otros anhelos que forman los fundamentos para juntos construir un país soberano, justo, solidario y unido en la rica diversidad cultural, social y natural que es nuestro Ecuador.

Además, quiero resaltar el anhelo que comparto con millones de conciudadanos americanos, de buscar la integración regional, principio y condición necesaria en este nuevo mundo globalizado que garantizará la paz, la soberanía y el codesarrollo sustentable de todas las naciones y los pueblos del gran Continente Americano.

Finalmente, de ser elegida Asambleísta, me preocuparé de todos los temas por tratar en la Asamblea, sin embargo por mi experiencia y mi formación profesional, mi responsabilidad será el de enfocar mi labor hacia temas específicos que agrupan los cinco ejes que propone Acuerdo PAIS, específicamente:

Revolución política

1. Un Estado democrático constitucional y plurinacional
2. Democratización del régimen político
3. Derechos civiles

Revolución social, cultural y ambiental

4. Ciudadanía y nacionalidad
5. Derechos colectivos
6. Derechos económicos y sociales
7. Territorios, biodiversidad y recursos naturales
8. Cultura e identidad
9. Democratización de la comunicación e información
10. Otros temas de debate ético, moral y social

1. Un Estado democrático constitucional y plurinacional

La democracia liberal representativa se ha reducido a sus procedimientos más operativos de controlar los conflictos sociales garantizando las estructuras de poder tradicional. Frecuentemente, en las votaciones, elegimos pero no cambiamos la estructura de poder, porque como ciudadanos no existen instrumentos que hagan de nuestro voto un mecanismo de control, fiscalización y ejercicio real de la democracia participativa.

La alternativa es la construcción de un Estado basado en la democracia constitucional participativa, un sistema político en el que, a más de los tradicionales poderes del Estado representados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, exista un organismo superior, con representación plurinacional, que controle la legalidad de la actuación de los otros tres: El Tribunal Constitucional.  

Una Estado democrático constitucional tendrá las siguientes características:

1. Se rige por un texto normativo supremo: la Constitución, que determina la estructura organizativa del Estado y los derechos de los ciudadanos, las comunidades y la colectividad, de tal forma que los postulados constitucionales priman por sobre el contenido de las leyes.
2. El Estado está al servicio del individuo, las comunidades y la colectividad, que son el fin último de su accionar y su obligación de garantizar la plena vigencia y realización de sus derechos constitucionales;
3. El juez constitucional es el facultado para controlar la armonía de las leyes con la constitución y para proteger a los ciudadanos y comunidades en caso de violación de sus derechos.
4. El desempeño de las funciones del Estado democrático constitucional se realizará a base de la participación activa y directa ciudadana colectiva e individual, regida por los derechos y las normas de una Constitución que reconoce y apoya las múltiples organizaciones e iniciativas que surgen y forman parte íntegro de la sociedad civil en toda su diversidad cultural, social, económica y laboral, y política.

El concepto de Estado Plurinacional no es meramente un concepto étnico, ni tampoco un concepto cultural: es la propuesta para garantizar la unidad en la diversidad; es el reconocimiento de la enorme diversidad que somos, como ecuatorianos, americanos y ciudadanos del mundo.

El Estado debe garantizar la unidad en la diversidad, y para ello, deberá crear las leyes e instituciones que permitan garantizar esa realidad diversa. Ello implica reformas de tipo jurídico en la parte dogmática de la nueva Constitución, declarando al Ecuador como Estado Plurinacional.

La propuesta de Estado Plurinacional, implica una reflexión profunda sobre los tipos de derechos que deberían constar en nuestros marcos constitucionales, porque hasta el momento, tanto los derechos de primera y de segunda generación hacen referencia a un sujeto jurídico de carácter individual, mientras que los derechos de tercera generación aún no han desarrollado un alcance equivalente a aquellos de la primera generación. En otras palabras, considero pertinente que deberían crearse marcos jurídicos para dotar al sujeto comunitario de los mismos derechos que el sujeto individual del derecho liberal.

La Constitución de 1998 incorporó un modelo económico como parte de la contractualidad social, éste fue el modelo neoliberal bajo el concepto de “economía social de mercado”. En el Estado Plurinacional, el modelo económico está basado en la equidad y solidaridad plurinacional, esto es, el respeto a las formas tradicionales de producción, distribución y consumo, la solidaridad en la producción con los diferentes sectores sociales, el respeto a las futuras generaciones.

2. Democratización del régimen político

Con el objetivo de profundizar el régimen democrático, se proponen mecanismos y dispositivos de participación real, efectiva y que proyecte las voluntades y formas propias o históricas de la sociedad civil. Se propone establecer mecanismos de participación directa en las instituciones desde el ámbito comunitario, barrial y parroquial, en todos los temas de trascendencia ciudadana, tales como manejo político, ambiental, de la educación, la salud, la salud y las metas o propuestas económicas.

De otra parte, generar espacios de debate sobre las políticas públicas que intervendrán en la vida de las comunidades, los barrios, las parroquias, los cantones, las provincias y otras circunscripciones territoriales. Es decir una institucionalidad democrática y profunda. Para ello se plantea superar la mera designación de delegados/representantes por parte de sectores ciudadanos, así como, que la representación misma sea transparente, pública y observada directamente por sus representados. La representatividad debe tener funciones, capacidad de tomar decisiones y ser expuesta al examen, evaluación y mejoramiento por parte de sus representados de manera directa. La representación debe poder ser derogada en caso de incumplimiento.

De otra parte el mismo Estado debe procurar en todas sus instancias, tanto seccionales autónomas como dependientes, institucionalizar espacios de debate con la ciudadanía. Los temas de Estado en todo nivel son temas de la ciudadanía.

Se deber revisar y profundizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, incluso generar dispositivos que garanticen su cumplimiento. En esta materia es fundamental el tema del derecho a la comunicación como un derecho de todas y todos los actores y en varias dimensiones, para garantizar el diálogo y el intercambio de criterios e información para llegar a entendimientos y la toma de decisiones y acciones consensuadas.

3. Derechos civiles

La ciudadanía reconocida por el Estado ecuatoriano debe definirse con claridad. El conjunto de los derechos civiles debe cubrir a todos y todas quienes somos parte del Ecuador, reconociendo la realidad e historia pluricultural y plurinacional de la sociedad ecuatoriana y refiriéndose también a los extranjeros que vienen a trabajar y son constitutivos de nuestro país, desde la perspectiva de integración regional.

Los derechos civiles, planteando la equidad como núcleo, deben también proyectarse sobre el conjunto de la diversidad cultural, social y la persona humana. La Constitución Política del Ecuador que cambie el país debe incluir la capacidad y el reconocimiento pleno sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, así como el derecho a elegir y ser elegidas.

4. Ciudadanía y nacionalidad

Nacionalidad y ciudadanía se encuentran diferenciadas en la actual Constitución Política de Ecuador. La ciudadanía es una condición que la concede el Estado; no así la nacionalidad, pues ésta es una existencia histórica. Desde el movimiento indígena se generó el debate y la posterior inclusión constitucional, en 1998, del Estado “pluricultural y multiétnico” y de que los indígenas son “nacionalidades”, así se marcan diferencias en este tema y se aclara que la ecuatorianidad se refiere  a la ciudadanía, que otorga el Estado ecuatoriano desde su constitución en 1830.

Esta tema deberá ser debatido a profundidad, previa su articulación en el contexto del creciente reconocimiento y revalorización de la diversidad cultural, tendiente a la construcción de una nueva identidad nacional-regional, basada en el principio pluricultural de la unidad en la diversidad cultural, social y política.

5. Derechos Colectivos

Debe buscarse la homologación de los derechos colectivos con el Convenio 169 de la OIT, pues son derechos constreñidos al esquema de la constitución vigente y de formas de instituir mercados sobre bienes y servicios ambientales. Es necesario instituir el derecho y el dispositivo de Consentimiento Fundamentado como complemento de los derechos territoriales, basándose en el principio de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. A la vez, se debe compatibilizar los derechos de las mujeres con estos derechos, en procura de un diálogo de interculturalidad y equidad de género.

6. Derechos Económicos y Sociales

Se deberá cambiar la definición de la economía estatal, pasar de la economía social de mercado a la economía solidaria que promueva la equidad y la participación consensuada de las comunidades y colectivos sociales, el Estado y posibles empresas inversionistas.

La economía deberá afianzar el ejercicio de los derechos humanos como esencia del nuevo Estado y no mantenerlos como mercancías al alcance de las clases más pudientes. 

De igual forma, se deberá mantener y fortalecer los derechos relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución como en acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador, que han sido reducidos en la práctica por la ofensiva neoliberal durante las últimas décadas, particularmente por la imposición de prácticas de flexibilización laboral y tercerización para romper la organización sindical.

7. Territorios, biodiversidad y recursos naturales

Con referencia a la realidad pluricultural del país y a las propuestas del reordenamiento territorial político que se discutirán en la Asamblea, la nueva Constitución debe incluir la definición de la propiedad comunitaria y ancestral, de derechos sobre los territorios, fuentes de agua y biodiversidad; así como, la garantía de manejarse y desarrollarse autónomamente y fuera del mercado global.

Se debe incluir, por tanto, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras y territorios indígenas, afroecuatorianas y de otras colectividades; la biodiversidad y las funciones ecológicas, los recursos naturales, incluso los recursos del subsuelo, los minerales, y dentro del mar territorial y la zona económica exclusiva; trazando claramente los derechos territoriales de las nacionalidades y pueblos preexistentes, de la sociedad en general y del Estado.

El Estado deberá garantizar la protección y conservación los recursos naturales, así como los conocimientos ancestrales sobre ellos, como patrimonio de todas las y los ecuatorianos, base para promover un desarrollo apropiado, sustentable y ecológicamente sano.

8. Cultura e identidad

Los artículos 62 al 65 De la cultura de la actual Constitución deberán ser revisados, de tal forma que aseguren un marco constitucional adecuado a la realidad pluricultural del país y la necesidad de impulsar la interculturalidad como una condición de la convivencia armónica y de paz social entre todas y todos los ecuatorianos.

Específicamente, se debe extender y profundizar los temas relacionados con la identidad de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, como también los sectores populares rurales y urbanos mestizos quienes también gozan de sus diversas identidades y formas de expresión cultural; además los artículos concernientes al conjunto de las lenguas ancestrales, el sistema de educación intercultural bilingüe, entre otras.

Se requiere posicionar la cosmovisión y espiritualidad, y la sabiduría y los conocimientos ancestrales vigentes en la nueva constitución, así como la defensa y promoción de las y los portadores de esta misma sabiduría y conocimiento: las y los sabios comunitarios , así como fortalecer el respeto y reconocer el aporte de todas las personas de la tercera edad.

Deberá tratarse el tema de los conocimientos ancestrales sobre el uso y manejo de los recursos naturales, que hoy en día son objeto de interés por parte de agentes externos nacionales e internacionales que buscan controlar y explotarlos a través de su privatización y comercialización (patentes); asunto que requiere de un fortalecimiento de las normas sobre los beneficios públicos, colectivos e individuales, monetarios y tecnológicos respecto al patrimonio cultural, espiritual e intelectual de los pueblos y los demás sectores sociales, así como del país en su conjunto.

También deberá articularse con mayor claridad el significado y valor de las artes ancestrales y populares, que hasta el presente son consideradas principalmente como meros objetos de mercancía folclórica, y ser valoradas a la par con las artes modernas de origen europea, por tanto asurar que el Estado dé un trato equilibrado a todas las diversas expresiones y manifestaciones culturales de nuestro país pluricultural.

Finalmente, en vista del predominio monopólico de productos cinematográficos y televisivos norteamericanos que saturan nuestra sociedad con imágenes y valores contrarios a nuestra propia identidad y cultura, es indispensable establecer un marco jurídico regulador para proteger y promover el arte y la industria audiovisual nacional como un sector estratégico del Estado, para la producción de obras de cine y video y generar una cultura audiovisual y crítica de la ciudadanía, con miras a la inserción del Ecuador dentro de la distribución y difusión de obras cinematográficas y audiovisuales en el continente, como parte de la integración regional. Con este fin, los artículos 63 y 81 deberán ser revisados para asegurar que los medios de comunicación tanto privados como públicos cumplen con su responsabilidad social y cultural. 

9. Democratización de la comunicación e información

Mi propuesta parte de los indiscutibles derechos y deberes que la actual Constitución incluye, como son la libertad de opinión, expresión y a la información; el respeto y reputación de los demás; la protección de la soberanía y seguridad nacional; el derecho a la rectificación y respuesta; la prohibición de la censura; el derecho al secreto profesional de las y los periodistas y comunicadores sociales; a la información que reposen en los archivos, públicos; etc. Pero, considerando la importancia fundamental de la comunicación, creo, como muchos otros comunicadores, que es necesario plantear nuevas propuestas sobre la comunicación e información en la nueva Constitución con el fin de garantizar su democratización para asegurar que todas y todos los ecuatorianos podamos ejercer este derecho de manera efectiva y equitativa.

La democracia participativa nace y se sostiene en el libre intercambio de conocimientos y criterios a través de diferentes formas de comunicación sea el diálogo interpersonal o mediado a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Es la comunicación que conduce a la regeneración y generación de nuevos estados, formas y procesos de conocimiento, entendimiento, concertación y toma de decisiones colectivas entre todos los diversos actores sociales del país. Así que el derecho a la comunicación y al acceso a –y el  intercambio de– la información es condición fundamental para construir y mantener un sistema democrático y participativo, y por tanto, la nueva Constitución debe reconocer la comunicación como un bien público común de todas y todos los ecuatorianos.

Se debe complementar el horizonte constitucional vigente en el artículo 81 que se queda en el sesgo excesivamente individualista, por una dimensión centrado en lo público, la pluriculturalidad y plurinacionalidad, lo social e institucional. Los derechos de la comunicación deben partir desde el reconocimiento del sujeto colectivo e individual, y de la interculturalidad; entendiendo que el derecho a la libertad de expresión solamente se podrá ejercer de manera equitativa en el contexto y por medio del ejercicio de los demás derechos de la comunicación y derechos conexos, como son el derecho a la educación y a los servicios básicos de viabilidad, electrificación, telefonía y conectividad digital en todas partes del país, asegurando de ésta manera una mayor equidad entre las zonas rurales y urbanas, así promoviendo la concertación nacional.

El acierto de que los medios de comunicación en general son percibidos principalmente como proveedores de entretenimiento por el gran público, no deberá distraer de su deber de participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos, como consta el mismo artículo 81. Por tanto, la nueva Constitución, a la vez reconociendo la importancia y el derecho al entretenimiento, deberá asegurar que el Estado garantice que los medios de comunicación privadas y públicos cumplan con su deber de proveer contenidos que contribuyen al ejercicio de los derechos a la equidad de género y generacionales, la cultura e identidad, colectivos, de educación, salud, económicos, ambientales, etc. 

La medida del ejercicio de los derechos de la comunicación y conexos será la efectiva participación en los medios de comunicación tradicional y moderna, privados y públicos, comunitarios y barriales, por parte de todos los diversos pueblos y sectores de la sociedad civil. Para esto, la nueva Constitución debe incluir mecanismos democráticos de veeduría, respuesta y control ciudadano sobre quienes administren lo público en la comunicación, ya sea en el Estado y en las entidades privadas y sociales (gremiales, comunitarias, etc.).

El Estado deberá proveer servicios públicos de comunicación como una obligación subsidiaria a su garantía de los derechos en general. Por tanto, la nueva Constitución debe garantizar que el Estado establezca políticas de comunicación en el ámbito público, para el cual se requiere promover la creación de medios de comunicación públicos complementarios a los privados, especialmente de radio y televisión, cuyas características se fundamentarán en ser independientes de los gobiernos de turno y de funcionar en base a principios de servicio público, sin fines de lucro. Paralelamente, y como extensión de estos medios públicos, se debe facilitar la implementación de redes de medios comunitarios, barriales y de sectores y grupos, desde la sociedad civil.

Por todo esto el espectro radioeléctrico, usado para la comunicación telefónica, radiofónica y televisiva,  se mantendrá como un bien común nacional, eliminando los monopolios que se han apoderado de ello de alguna forma y promoviendo la descentralización de los diversos medios y sistemas de comunicación e información.

En este contexto, debe incluirse marcos para la promoción y regulación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), garantizando el acceso, uso y manejo de ellas por el conjunto de la sociedad, así aprovechando su gran potencial para el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, tomando en cuenta el potencial  mal uso de las TIC por parte de las autoridades públicas para fines de control social y político y por las entidades privadas para sus fines particulares, como son el espionaje industrial y comercial, incumbe a la nueva Constitución establecer normas claras sobre las libertades y los límites del uso y manejo de la información pública y privada para proteger los derechos a la privacidad y la honra de las personas, entre otros.

10. Temas de debate ético, moral y social

La actual convivencia social ha puesto en el debate público temas que atraviesan profundamente las concepciones sociales, éticas y morales que, como sociedades hereditarias de una diversidad de normas, nos dificulta el asumir una posición abierta a las nuevas realidades y a las consecuencias de las nuevas prácticas sociales.

Estoy abierta para asumir un debate frontal, transparente, superando los dogmas y las radicalidades, enmarcada en el respeto de los derechos humanos de todos y todas, y sobre todo, considerando todos los estudios objetivos que se hayan realizado sobre los temas que enfrentan nuestras concepciones particulares.

El aborto, el matrimonio homosexual, la pena de muerte, la cadena perpetua, entre otros, son temas a los que, sin duda, deberemos responder; y en mi caso particular, responderé en el marco del irrestricto respeto a los avances en materia de los derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad y la diferencia, los principios de rehabilitación y reinserción social, y sobre todo, la convicción de que el Estado debe dar respuestas a los nuevos desafíos que presenta la realidad de diferentes formas de convivencia social.

¡Por un Ecuador soberano, justo, equitativo y unido en la diversidad y el respeto mutuo entre todas y todos!

HOJA DE VIDA (Resumen)

  Para más información consulte: http://www.acuerdopais.org/

( ) La propuesta del Gobierno Nacional para una nueva Constitución fue presentada el día 5 de julio de 2007 a la comisión de juristas del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conesup). Vea documento completo en:  www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=10137

( ) Yachak, en kichwa, que significa “el/la que sabe”, enseñador. De la palabra yachay: conocer, conocimiento.

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