Nos sentimos parte integral del futuro de nuestro país, y como tal apoyamos el proceso de trasnformación a partir de la conjunción de visiones que hemos desarrollado en un esfuerzo creativo que nos permita superar los diagramas sociales vigentes. Nos inspiramos en los anhelos, desde una análisis objetivo de lo que tenemos y una consideración subjetiva de lo que deseamos.

1.- Que el Estado intervenga directamente en los sectores más sensibles, estratégicos y rentables de la economía tales como la explotación y exportación de petróleo, las telecomunicaciones, la producción y distribución de energía, el abastecimiento de agua, el control de los recursos hídricos u otros semejantes, los medios de comunicación; sin perjuicio de que el Estado permita a la empresa privada participar en ellos, pero en tal caso, se preferirá la constitución de empresas mixtas en las que el Estado conserve la mayor parte de las acciones.   

2.- Que la propiedad de grandes extensiones de tierra (latifundios) podrá ser afectada si ésta no cumple su función social relacionada con su debido uso productivo, creación de plazas de empleo y pago de un salario justo a quienes la trabajen. Los parámetros para definir el cumplimiento de estas condiciones y las formas de afectación posibles serán establecidos mediante una ley.

3.- Protección y asistencia crediticia para el pequeño y mediano productor, en especial cooperativas de producción agrícola.

4.- Que el presupuesto del Estado se formule para atender prioritariamente las necesidades relacionadas con la aplicabilidad de los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución sin perjuicio de atender los requerimientos que el ejercicio de los demás derechos fundamentales y las obligaciones internacionales legítimamente contraídas. En ningún caso se asignará un monto superior al 10% de los ingresos corrientes del Estado al pago de la deuda pública legalmente contraída. Para lo cual se recomienda que el Estado realice una investigación y revisión profunda de la deuda constrída.

5.- Considerando que la condición más importante sobre la remuneración del trabajador que fija la actual Constitución, es que tal remuneración sea justa; y, entendiéndose que el mínimo de esa “justicia” implica que el salario sirva para cubrir el conjunto de las necesidades del trabajador y las de su familia, para de esta manera lograr la vida digna de la familia.

Creemos que ese criterio básico de justicia remunerativa fundado en la satisfacción de necesidades, debe preservarse en la Nueva Constitución pero es necesario incorporar una norma que garantice su aplicabilidad, por lo que proponemos equiparar por mandato constitucional el sueldo mínimo real de los trabajadores (todo lo que el trabajador recibe en total), al menos, al monto de la canasta familiar vital más un tercio de la misma.

Complementariamente proponemos que por mandato constitucional ningún funcionario o autoridad  pública pueda ganar un salario mensual superior a cinco (5) veces el salario real de los trabajadores en general.

6.- Que se declare a la “tercerización” o intermediación laboral lesiva a los derechos fundamentales e incompatibles con los derechos de los trabajadores, siendo antijurídica toda forma directa o encubierta de realizarla.

7.- Establecer una política nacional de empleo que coordine las demandas del aparato productivo a fin establecer bolsas de empleo, y realizar formación permanente y gratuita, orientada a satisfacer las demandas de los sectores productivos de mano de obra calificada.

8.- Que exista una delimitación entre las necesidades de conservación y el turismo, en las regiones de régimen especial como Galápagos y la Amazonía, de modo  que se dé primacía a la conservación del medio ambiente y que la explotación de los recursos turísticos sea racionalizada.

9.- Que se incluya en el presupuesto del Estado un rubro destinado a la inversión pública en el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía tales como la solar y la eólica.

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