La agresión que ha vivido el Ecuador, por parte de elementos militares de Colombia es, desde todo punto de vista, inaceptable. Nosotros no podemos tolerar que se haya dado paso a una incursión que a todas luces tiene premeditación y alevosía, dijo Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por estas consideraciones, formuló un llamado a los países del continente americano, especialmente a los vecinos, a cerrar filas para evitar la regionalización del conflicto colombiano y, más bien, trabajar por la regionalización de la paz.

Así como el Ecuador condena, en forma enérgica y categórica, la agresión de las Fuerzas Armadas del Colombia y su gobierno, también rechaza la presencia de fuerzas irregulares en nuestro territorio, dijo, al enfatizar que “no vamos a tolerar que se bombardeé la patria y se masacre en nuestro territorio, pues eso va, incluso, en contra del derecho humanitario”.

“En mi condición de Presidente de la Asamblea condeno esta violación, de la forma más enérgica y convoco a la unidad nacional para defender la soberanía de una manera digna y firme como lo está haciendo el Gobierno nacional. Éste es el momento de la unión y tenemos que sumarnos todos para enfrentar estos atropellos, que deben terminar definitivamente”, subrayó.

Acosta manifestó que el Ecuador como pueblo de paz y responsable con el proceso de integración regional, no debe permitir la regionalización del conflicto colombiano, por el contrario debemos alentar todo intento para que se cristalice la paz.

Esto no lo vemos como un hecho aislado, sino con enorme preocupación porque puede afectar a la soberanía y, además, expandirse peligrosamente por el continente, entonces, así como estamos al interior del país convocando a la unidad nacional, les invitamos a todos los países a impedir la escalada de violencia que, al parecer, podría abarcar a otros territorios, advirtió.

Acosta sostuvo la necesidad de ratificar nuestro compromiso con la paz y solidaridad, que hemos demostrado al recibir a 50 mil colombianos en calidad de refugiados y 400 mil inmigrates que están aquí por razones económicas o de diversa índole. Tenemos que abrir las puertas para que los hermanos colombianos se sientan como en su casa, pero, a la vez, exigir que su gobierno respete la soberanía nacional, misma que no es simplemente un acuerdo de papel que se lo puede pisotear o romper, recalcó.

Reiterando nuestra vocación de paz, hoy más que nunca es fundamental apoyar todas las iniciativas internacionales para liberar a los rehenes que están en manos de la guerrilla, destacó

Finalmente, indicó que mañana - martes - propondrá al Pleno de la Asamblea que se cambie el orden del día, para analizar, como primer punto, este tema, con la presencia del Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea y que, de ser necesario, se convocará a las demás autoridades inmersas en la temática.

SALA DE PRENSA ASAMBLEA

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Entre 150 y 200 guayaquileños llegaron ayer a Montecristi para entregar el “mandato” de la urbe porteña a la Asamblea. El presidente constituyente Alberto Acosta lo recibió y fue cauto en sus palabras y hasta arrancó aplausos de los manifestantes al decir: “no imagino un Ecuador sin Guayaquil”.

Esa expresión enunciada dentro de una exaltación a las gestas históricas del puerto, fue una de las frases con las que manejó el tenso ambiente provocado por los reiterados gritos de advertencia que esgrimieron los guayaquileños.
A su llegada a la Plaza Cívica, a Acosta lo recibieron con una avalancha de frases como: “Acosta escucha, Guayaquil está de lucha”, “Guayaquil independiente, hasta la victoria siempre” y otras.

Enseguida dirigentes universitarios, barriales, de comerciantes pronunciaron discursos donde pidieron la autonomía, criticaron al Gobierno, resaltaron la obra municipal de Jaime Nebot y exigieron que el “mandato” de su ciudad sea acogido.
Acosta destacó al documento como un aporte “significativo” y señaló que será estudiado por todas las mesas constituyentes.

“Lo analizaremos como lo hemos hecho con los mandatos de Pichincha, Azuay, de las Mujeres, de los Niños, los Trabajadores…”.Acosta dijo que “más allá de sus gobernantes, buenos o malos, el pueblo de Guayaquil es eterno”. También resaltó la importancia de esa ciudad en la revolución alfarista. Finalizó con un “Viva Guayaquil, carajo” e invitando a los manifestantes a conocer el recinto constituyente. Ellos rompieron en aplausos.

Lo que dice Mandato de Guayaquil

- “No aceptamos la concentración del poder porque propicia el autoritarismo y el totalitarismo estatal que da lugar a la práctica de una actitud omnímoda, que restringe las libertades”.
- “Lo que el pueblo decidió fue darle a la Asamblea la facultad de elaborar una Constitución y una reforma institucional complementaria para que sean puestas ambas a consideración en el referéndum pertinente”.
- “No hay empleo (…) sin seguridad jurídica, tributos solo indispensables, propiedad privada, dólar como moneda, inversión, producción, competitividad, exportación, y un sistema de ahorro interno basado en una previsión social forzosa escogida con libertad”.

Insistirán en ser escuchados

César Coronel, del movimiento de grupos universitarios que participó en la redacción del mandato, dijo que “usaremos todas las herramientas democráticas” para hacer respetar documento entregado.No descartó que si no es plasmado en la nueva constitución promuevan una consulta popular, tal como ya lo anunció el alcalde de la urbe porteña, Jaime Nebot.Por su parte del dirigente de la Universidad de Guayaquil, Francisco Duarte, dijo que “vamos a hacer respetar nuestros derechos de cualquier manera”.

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(www.acuerdopais.com) para que todos los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos pronunciado en ese sentido podamos confirmar nuestras opiniones y ahorrar esta tarea a los fiscales de todo el país.

Invitamos a todos y todas quienes se hayan pronunciado apoyando la tesis de que Congreso y Asamblea no pueden funcionar de forma paralela para que se inscriban en la siguiente lista y así podamos facilitar la investigación de la Fiscalía.

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La pérdida de la política monetaria y cambiaria, provocada por la imposición de la dolarización, demuestra el poco apego que ha existido para respetar la Constitución. Esta decisión inconsulta golpeó la institucionalidad democrática. Violentó los artículos 261 y 264 de la Constitución, que establecen que el sucre es todavía la moneda nacional y que el Banco Central del Ecuador es el ente responsable de la política monetaria, cambiaria y financiera.

Una violación similar se dio con las leyes que se derivaron de la propia dolarización y de la necesidad de consolidar su vigencia, conocidas como leyes Trole: Ley 2000, Ley para la Transformación Económica del Ecuador y Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, con las que se reformaron simultáneamente, en contra de lo que dispone el artículo 148 de la Constitución, varios cuerpos de ley, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. Y esa tendencia no desapareció. En el 2005 se pretendió aprobar la Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, que establecía una reforma a 18 leyes, teniendo siempre como norte la reforma neoliberal del Estado. Es decir la privatización de las funciones del sector público y la reducción del papel del Estado.

Aquí también cabe recordar el salvataje bancario. A contrapelo del discurso del libre mercado, no faltaron intervenciones del Estado a favor de bancos en situación crítica. Este costoso operativos se inició a partir del salvataje del Banco Continental durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Intervenciones que luego se institucionalizaron a través de la transitoria 42 de la propia Constitución de 1998, aprovechándose de la autonomía del Banco Central del Ecuador, otorgada por dicha carta magna.

El problema se agudizó en el gobierno de Jamil Mahuad. A fines de 1998, se estableció, por recomendación del Banco Mundial, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que asuma la garantía de todos los depósitos casi sin límites. Mientras tanto los banqueros -en la práctica- no estaban obligados a entregar garantías adecuadas por los préstamos obtenidos. Este descabellado “invento” fue coherente con las tradicionales prácticas rentísticas vigentes en la economía ecuatoriana. Recuérdese que la banca lucró de diversos tipos de créditos, además, de la masiva devaluación que provocó dicho salvataje, que a la postre condujo a la crisis monetaria que abrió la puerta a la dolarización. (En esa época, incluso se eliminó el impuesto a la renta a cambio de un impuesto a la circulación de capitales, decisión que agudizó la fuga de capitales y por ende la crisis financiera que condujo a la crisis monetaria).

Un punto culminante de este proceso de dio en marzo de 1999, cuando para proteger a la banca el gobierno democristiano, apoyado por los socialcristianos, decretó primero un feriado bancario y luego congeló los depósitos de los clientes de los bancos. Con esta decisión se pulverizaron los más mínimos derechos de propiedad.

Este salvataje representó la entrega de miles de millones de dólares al sistema bancario; se calcula que fueron más de 8 mil millones de dólares. El Estado asumió, de diversas maneras, el 70% del patrimonio y el 60% de los activos de la banca. Mientras que los banqueros salvaron sui patrimonio…

En esta ocasión, la Superintendencia de Bancos brilló por su ausencia. Es cierto, que antes fueron mermadas sistemáticamente sus funciones de control y regulación. Sin embargo, el fracaso de su gestión (¿cómplice?) asomó con claridad en varios episodios. En todo este proceso la AGD, en lugar de atender los objetivos para los que fue creada, o sea satisfacer las demandas del bien público, se convirtió en una instancia para ocultar sistemáticamente la información y para cubrir las espaldas de los dueños de los bancos intervenidos y de los grandes morosos de dicha banca. Y sus gerentes, salvo uno, se encuentran perseguidos por la justicia por haber intentado cobrar las deudas a los acreedores de la banca cerrada e incluso a los mismos banqueros corruptos.

En el campo fiscal, para asegurar los recursos necesarios para servir la deuda externa, las autoridades no dudaron en crear y reformar leyes -además de cambiar metodologías de cálculo- para limitar el gasto del Estado. Durante el gobierno continuista del coronel Lucio Gutiérrez, se llegó incluso a convertir ciertas asignaciones en rígidas para reducir artificialmente los ingresos del Presupuesto General del Estado desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización constituidos para atender la demanda de los acreedores internacionales.

En el ámbito de las telecomunicaciones la situación no es menos preocupante. Los ciudadanos que reciben servicios de telecomunicaciones a través de la Empresa Pública de Telecomunicaciones (ETAPA) en Cuenca y los restantes ecuatorianos que lo hacen a través de las empresas “privadas” ANDINATEL y PACIFICTEL (cuyo único dueño es el Estado), están afectados. A través de una norma jerárquicamente inferior y subordinada, un reglamento, se redefinió los servicios calificados como públicos en la Ley de Telecomunicaciones. En dicho reglamento, en su artículo 4, se estableció una restricción de los servicios de telecomunicaciones al calificar como “servicios públicos”, únicamente a los siguientes: “telefonía fija local, nacional e internacional”. Esto produjo una clara afectación a la Constitución, en tanto el mencionado reglamento “clasifica” en forma arbitraría, inconstitucional e ilegal “en servicios públicos” y “servicios al público”. Esto recortó y disminuyó la responsabilidad del Estado. No siendo servicios públicos ciertos servicios, como podría ser el suministro de Internet a través de la interconexión eléctrica, el Estado carecería de potestad para delegarlos e incluso para asumirlos. Los particulares, exclusivamente ellos, podrían desarrollarlos jure propio. El Estado, además, carecería de potestad para regular y controlar dichos servicios.

Muchos de estos ajustes se los ha hecho en contra de las normativas vigentes. A través de leyes se atropella la Constitución y con reglamentos (e incluso con simples instructivos) se amplían o incluso tergiversan las leyes. Así las cosas, la Ley se bate en retirada. Y si la ley se bate en retirada, qué se podrá decir de una Constitución que ha sido muchas veces pisoteada por la Ley…

Hay que recordar que parte importante de estos atropellos se produjo por el deseo de apurar, a como de lugar, las propuestas de reforma inspiradas en el Consenso de Washington. Igualmente se quiso enraizar una serie de cambios jurídicos para transformarlos en una suerte de ancla para garantizar la continuidad neoliberal independientemente de quién gobierne, el sueño tecnocrático de despolitizar la economía.

En el ámbito político y aún jurídico las cosas no anduvieron mejor. Las organizaciones básicas de la institucionalidad jurídica e incluso política sufrieron repetidos atropellos.

Esta sistemática depredación de las instituciones debe cambiar en la nueva Constitución. El país requiere, a partir de un nuevo pacto social, rediseñar, recuperar y de ser del caso reinventar sus instituciones políticas, económicas y sociales. Un logro a conseguir siempre que se amplié la base de participación social en el debate constituyente. Sólo con el concurso de amplios sectores de la población podremos apropiarnos de la Constitución, entendida ésta como un proyecto de vida en común. Un proyecto que debe sustentarse también en la recuperación de las soberanías nacionales y en la construcción compartida de nuevas y más vigorosas soberanías conjuntamente con los países vecinos.-

3 de noviembre del 2007

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“Repensar el mercado, otra tarea indispensable”

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Estamos aquí, gustosos de visitar Portoviejo, los compañeros César Rodriguez, Aminta Buenaño, Fernando Cordero, Pedro de la Cruz, Mónica Chuji, y los compañeros electos en la provincia de Manabí. Tratamos de cumplir una tarea casi imposible: decirle gracias a toda aquella gente que nos apoyo en la campaña y que luego nos dio su voto y su respaldo.

Hemos obtenido en Manabí un importantísimo triunfo, creo que hemos desplazado a las fuerzas tradicionales que se habían enraizado en viejos caciquismos que impedían el afloramiento de la democracia. Entiendo que aquí estamos a nivel provincial con cinco asambleístas prácticamente seguros y en la posibilidad de disputar un sexto asambleísta. Hemos expresado nuestra preocupación porque hay un elevadísimo número de actas, 1200 de 3000 actas que han sido abiertas por alguna irregularidad o anomalía. Queremos que esas inconsistencias sean corregidas y sobre todo transparentadas para que no quede la menor duda de que este proceso ha sido el proceso electoral más democrático de toda la historia del Ecuador.

Aprovechamos para felicitar a toda la ciudadanía por haber participado tan activamente en este proceso, y por caminar hacia una Asamblea Nacional Constituyente que abre expectativas y sobre todo permite renovar la esperanza del pueblo ecuatoriano. Nosotros dijimos en campaña y volvemos a reiterarlo que esta es una tarea demasiado grande para dejarla en manos de los 130 asambleístas. Creemos que todos los ecuatorianos en su conjunto, que todos los habitantes del campo y la ciudad estamos convocados a elaborar esa nueva constitución, esa carta de navegación que es un proceso de construcción democrática de una sociedad democrática. Todos somos asambleístas y todos debemos cumplir con este cometido.

Entendemos la magnitud de la responsabilidad que hemos recibido y creemos que frente a eso solo el trabajo, la transparencia y el diálogo pueden abrir la puerta para la construcción de esta nueva Constitución. Ratificamos nuestro compromiso para dialogar con todos las fuerzas políticas y sociales no solo las que estarán presentes dentro de la Asamblea sino todos los sectores de la Sociedad que tienen toda la posibilidad para intervenir y para proponer. Eso no significa, absolutamente, que Acuerdo País está dispuesto a ceder sus principios básicos y fundamentales. Aclaremos, podemos discutir podemos receptar observaciones , sugerencias , propuestas, podemos enriquecer esta visión de país que tenemos pero nuestros principios de respeto a la vida de respeto a la dignidad del trabajador, de respeto  a la soberanía nacional, de construcción de una patria sustentada en libertades, equidades y justicia, no está en juego. Sobre eso no se negocia, del resto podemos conversar.

Esto es parte de la revolución ciudadana que debe partir por desmontar aquellos fantasmas que se levantaron en los últimos tiempos y en los últimos días de la campaña electoral fundamentalmente. Tenemos que abrir el escenario para poder caminar desde Montecristi a la construcción de esa patria altiva y soberana que tanto soñamos. Muchas gracias.

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Alberto Acosta se convirtió, desde el domingo 30, en el nuevo hombre fuerte de la política del país. No solo por los resultados electorales que alcanzó, sino por el cargo que se apresta a asumir en unas semanas más.

En su segunda participación electoral, aportó a que las listas de Acuerdo País, afines al Gobierno, obtengan un arrollador triunfo: 15 de los 24 escaños de asambleístas nacionales en disputa. Y, de acuerdo con los deseos del Gobierno y del propio bloque de asambleístas correístas, será el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Acosta es un hombre de convicciones y eso se refleja a lo largo de su vida. Lleva años impulsando un proyecto político nacional alternativo al vigente. A pesar de pertenecer a una familia vinculada con el sector financiero, a través del Banco Pichincha, por lo que se le considera la oveja negra de la familia.

Desde el mundo académico y la investigación, nunca dejó de criticar, a través de libros, artículos y ensayos publicados tanto dentro como fuera del país, el manejo de la deuda externa, la dolarización, el orden mundial, el capital financiero internacional, el petróleo…

En la política se le conocen dos vinculaciones: a Pachakutik, movimiento por el cual participó en las elecciones de 1997, con miras a ocupar una curul en la Asamblea de 1997, y que no la consiguió. Y su constante participación en el Foro Ecuador Alternativo, del cual también es miembro Rafael Correa y algunos de sus colaboradores, y de donde salieron una parte sustancial de las propuestas que se esgrimieron antes del lanzamiento de la candidatura presidencial de Rafael Correa.

Con el triunfo electoral de 2006 de Alianza País, Acosta ocupa su primer cargo público: ministro de Energía y Minas desde el 15 de enero hasta el 15 de junio de este año, día en que renuncia para ser el principal candidato del Gobierno.

Antes de dejar el Ministerio, logró que una de sus principales tesis sea aceptada por el presidente y promovida internacionalmente: la obtención de una compensación económica por la no explotación del bloque ITT, ubicado en la reserva del Yasuní. Propuesta que hace un par de semanas fue acogida por Iniciativa Global Clinton (CGI, en inglés), que busca soluciones innovadoras para los problemas del planeta.

Ahora, Acosta está ante un nuevo reto: lograr una Constitución de consenso, incluyente y que siente las bases para el desarrollo del Ecuador. (SL)

DATOS

Alberto Acosta nació en Quito el 21 de julio de 1948. Tiene 3 hijos, Alberto, Alegría y Sofía. Comparte su vida con Ana María Varea. Realizó sus estudios de Economía en la Universidad de Bonn, en ese tiempo ubicada en la República Federal Alemana. Fue consultor de varios organismos y dirigió el Ildis. (AIV)

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La participación del Estado, o sea de toda la sociedad, en la explotación del petróleo no se ajusta al equilibrio de una adecuada relación contractual. En los últimos años, con el repunte del precio del crudo, la  relación se volvió insostenible. Tanto, que el Estado, ante la limitación de recursos para atender muchas demandas sociales, traslada esta tarea a las empresas petroleras atiborradas de dólares.

Los contratos de participación han derivado en relaciones de inequidad. La situación actual es el resultado de un manejo pro-intereses transnacionales. Desde principios de los 80, en forma sistemática, se montó un escenario para inducir a la sociedad a que acepte como inevitable y hasta saludable la intervención de las empresas internacionales, pues -como reza la propaganda- Ecuador carecería de capitales y tecnología.

Mientras se entregaban crecientes beneficios al capital transnacional, como en una banda de transmisión, planificadamente se debilitaba a la empresa estatal: Petroecuador. Los defensores de los intereses foráneos han sido prolijos sirvientes de esta estrategia, cumpliendo con su mandato desde los cargos más altos de la administración pública, inclusive como ministros de Energía. Y luego, al terminar sus funciones  ministeriales, no ha tenido inconveniente alguno en sostener públicamente la defensa de los intereses transnacionales; véase el caso de Eduardo Santos o René Ortíz.

La revisión de la participación del Estado en la distribución de las utilidades extraordinarias, impulsada en el gobierno anterior, fue beneficiosa. Pero insuficiente. Dicho gobierno se contentó con el 50%, que es lo mínimo que establecían las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Recuérdese que rentabilidad de las empresas está ya garantizada con un precio de 15 dólares, largamente superado en el mercado internacional: el crudo ecuatoriano bordea en la actualidad los 60 dólares por barril. Téngase presente también que con reservas reducidas en los campos marginales, el Estado obtiene una participación promedio superior al 50 e incluso mayor al 60%. Para refrescar la memoria y tener otro punto de comparación, recordemos con cuánto estaba más que satisfecha la Texaco, que trabajó en el país desde mediados de los 60 hasta principios de los 90: la misma empresa reconoció el 8 de marzo del 2004, en sendos remitidos de prensa de página entera, que en su época entregaba al país el 95% de la renta petrolera.

Esta realidad de desequilibrio a favor de las transnacionales se refleja en los rendimientos de las inversiones (tasa interna de retorno). Considerando el 25% del impuesto a la renta, estos rendimientos superaron el 200%, cuando a la fecha de la renegociación dicho rendimiento bordeaba el 22%. Con la decisión del gobierno anterior apenas se redujo esta desmesurada utilidad.

Por eso, sin afectar las ganancias de las empresas, lo jurídicamente obvio es que todo lo que supere los 15 dólares debería corresponder al Estado, dueño del bien que se explota y que se agota. Con estos criterios, hay que saludar con entusiasmo la decisión del presidente Rafael Correa, tomada el día jueves 4 de octubre. Al decretar que el Estado participe en el 99% de las ganancias extraordinarias se abre la puerta a una nueva etapa en la relación del Estado con las empresas petroleras: una etapa de dignidad y soberanía impulsada por la Revolución Ciudadana en marcha, que consiguió un histórico y abrumador triunfo el pasado domingo 30 de septiembre en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

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 Después de tantas decepciones, sorprende que el pueblo ecuatoriano mantenga viva su esperanza de cambio. Sus luchas recientes, sustentadas en procesos históricos de larga data y no sólo en fugaces campañas electorales, registrarán otra fecha histórica este domingo. Independientemente de que sea necesaria o no una segunda vuelta electoral, amplios segmentos de la sociedad, sobre todo liderados por el movimiento ciudadano Alianza País, reclaman profundas transformaciones políticas, sociales y económicas, en las que la misma sociedad no quiere ser una simple espectadora.
La consideración fundamental de esta exigencia es la incorporación de la población en la definición de su presente y su futuro. Ni la oligarquía, ni la mediocracia y tampoco la aristocracia académica pueden organizar la vida nacional. La tarea es de todos. Su participación en la toma de las decisiones, exige por igual el logro de un nivel de bienestar que satisfaga sus necesidades básicas. En juego está la política y el bienestar, es decir su conversión en ciudadanos. Un desafío mucho más difícil y complejo, si se considera la influencia disgregadora de la globalización capitalista, así como la prolongada crisis que afecta a amplios segmentos del aparato productivo y los efectos devastadores de la política de la no política.

En ese camino, es necesario fortalecer la democracia; la presencia de los movimientos sociales es indispensable, tanto como la existencia de partidos políticos sintonizados con la sociedad. Esto implica también prácticas que potencien una interculturalidad de ida y vuelta, que respete y valore al otro, al tiempo que le integre con sus valores y propuestas. La Asamblea Nacional Constituyente, en tanto espacio para construir colectivamente un proyecto de vida en común, puede ser una oportunidad para destrabar las barreras impuestas por una partidocracia al servicio de las oligarquías. No se trata de simples reformas políticas. Lo que se busca es cuestionar desde sus raíces el actual modelo de desarrollo: excluyente, marginador, inequitativo y racista, en definitiva depredador de la economía, la sociedad y la naturaleza.

Con el voto del domingo se fortalecerá la lucha ciudadana por más equidad y libertad. Esta confrontación, sin embargo, no tendrá éxito si se pretende imponer sus contenidos desde arriba, con posiciones arrogantes, y menos aún con el espontaneismo de una acción sin discusión teórica y sin organización. Las experiencias están a la mano; Jesús Gómez, editor del diario iberoamericano La Insignia, refiriéndose al proceso electoral ecuatoriano, sugiere “aprovechar y entender las lecciones de otros proyectos latinoamericanos similares para no caer en los graves errores, de forma y fondo, que se han visto recientemente en gobiernos mimados por organizaciones progresistas internacionales”. No se trata sólo de elegir un nuevo presidente, se trata de volver a tener patria; eso exige una acción colectiva continuada.

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