La historia reciente del Ecuador es la historia del masivo irrespeto e incluso sistemático desmantelamiento de sus instituciones. El abuso del poder ha estado presente una y otra vez. La misma Constitución Política del Ecuador, expedida en 1998, ha sido y es permanentemente atropellada.

La pérdida de la política monetaria y cambiaria, provocada por la imposición de la dolarización, demuestra el poco apego que ha existido para respetar la Constitución. Esta decisión inconsulta golpeó la institucionalidad democrática. Violentó los artículos 261 y 264 de la Constitución, que establecen que el sucre es todavía la moneda nacional y que el Banco Central del Ecuador es el ente responsable de la política monetaria, cambiaria y financiera.

Una violación similar se dio con las leyes que se derivaron de la propia dolarización y de la necesidad de consolidar su vigencia, conocidas como leyes Trole: Ley 2000, Ley para la Transformación Económica del Ecuador y Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, con las que se reformaron simultáneamente, en contra de lo que dispone el artículo 148 de la Constitución, varios cuerpos de ley, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. Y esa tendencia no desapareció. En el 2005 se pretendió aprobar la Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, que establecía una reforma a 18 leyes, teniendo siempre como norte la reforma neoliberal del Estado. Es decir la privatización de las funciones del sector público y la reducción del papel del Estado.

Aquí también cabe recordar el salvataje bancario. A contrapelo del discurso del libre mercado, no faltaron intervenciones del Estado a favor de bancos en situación crítica. Este costoso operativos se inició a partir del salvataje del Banco Continental durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Intervenciones que luego se institucionalizaron a través de la transitoria 42 de la propia Constitución de 1998, aprovechándose de la autonomía del Banco Central del Ecuador, otorgada por dicha carta magna.

El problema se agudizó en el gobierno de Jamil Mahuad. A fines de 1998, se estableció, por recomendación del Banco Mundial, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que asuma la garantía de todos los depósitos casi sin límites. Mientras tanto los banqueros -en la práctica- no estaban obligados a entregar garantías adecuadas por los préstamos obtenidos. Este descabellado “invento” fue coherente con las tradicionales prácticas rentísticas vigentes en la economía ecuatoriana. Recuérdese que la banca lucró de diversos tipos de créditos, además, de la masiva devaluación que provocó dicho salvataje, que a la postre condujo a la crisis monetaria que abrió la puerta a la dolarización. (En esa época, incluso se eliminó el impuesto a la renta a cambio de un impuesto a la circulación de capitales, decisión que agudizó la fuga de capitales y por ende la crisis financiera que condujo a la crisis monetaria).

Un punto culminante de este proceso de dio en marzo de 1999, cuando para proteger a la banca el gobierno democristiano, apoyado por los socialcristianos, decretó primero un feriado bancario y luego congeló los depósitos de los clientes de los bancos. Con esta decisión se pulverizaron los más mínimos derechos de propiedad.

Este salvataje representó la entrega de miles de millones de dólares al sistema bancario; se calcula que fueron más de 8 mil millones de dólares. El Estado asumió, de diversas maneras, el 70% del patrimonio y el 60% de los activos de la banca. Mientras que los banqueros salvaron sui patrimonio…

En esta ocasión, la Superintendencia de Bancos brilló por su ausencia. Es cierto, que antes fueron mermadas sistemáticamente sus funciones de control y regulación. Sin embargo, el fracaso de su gestión (¿cómplice?) asomó con claridad en varios episodios. En todo este proceso la AGD, en lugar de atender los objetivos para los que fue creada, o sea satisfacer las demandas del bien público, se convirtió en una instancia para ocultar sistemáticamente la información y para cubrir las espaldas de los dueños de los bancos intervenidos y de los grandes morosos de dicha banca. Y sus gerentes, salvo uno, se encuentran perseguidos por la justicia por haber intentado cobrar las deudas a los acreedores de la banca cerrada e incluso a los mismos banqueros corruptos.

En el campo fiscal, para asegurar los recursos necesarios para servir la deuda externa, las autoridades no dudaron en crear y reformar leyes -además de cambiar metodologías de cálculo- para limitar el gasto del Estado. Durante el gobierno continuista del coronel Lucio Gutiérrez, se llegó incluso a convertir ciertas asignaciones en rígidas para reducir artificialmente los ingresos del Presupuesto General del Estado desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización constituidos para atender la demanda de los acreedores internacionales.

En el ámbito de las telecomunicaciones la situación no es menos preocupante. Los ciudadanos que reciben servicios de telecomunicaciones a través de la Empresa Pública de Telecomunicaciones (ETAPA) en Cuenca y los restantes ecuatorianos que lo hacen a través de las empresas “privadas” ANDINATEL y PACIFICTEL (cuyo único dueño es el Estado), están afectados. A través de una norma jerárquicamente inferior y subordinada, un reglamento, se redefinió los servicios calificados como públicos en la Ley de Telecomunicaciones. En dicho reglamento, en su artículo 4, se estableció una restricción de los servicios de telecomunicaciones al calificar como “servicios públicos”, únicamente a los siguientes: “telefonía fija local, nacional e internacional”. Esto produjo una clara afectación a la Constitución, en tanto el mencionado reglamento “clasifica” en forma arbitraría, inconstitucional e ilegal “en servicios públicos” y “servicios al público”. Esto recortó y disminuyó la responsabilidad del Estado. No siendo servicios públicos ciertos servicios, como podría ser el suministro de Internet a través de la interconexión eléctrica, el Estado carecería de potestad para delegarlos e incluso para asumirlos. Los particulares, exclusivamente ellos, podrían desarrollarlos jure propio. El Estado, además, carecería de potestad para regular y controlar dichos servicios.

Muchos de estos ajustes se los ha hecho en contra de las normativas vigentes. A través de leyes se atropella la Constitución y con reglamentos (e incluso con simples instructivos) se amplían o incluso tergiversan las leyes. Así las cosas, la Ley se bate en retirada. Y si la ley se bate en retirada, qué se podrá decir de una Constitución que ha sido muchas veces pisoteada por la Ley…

Hay que recordar que parte importante de estos atropellos se produjo por el deseo de apurar, a como de lugar, las propuestas de reforma inspiradas en el Consenso de Washington. Igualmente se quiso enraizar una serie de cambios jurídicos para transformarlos en una suerte de ancla para garantizar la continuidad neoliberal independientemente de quién gobierne, el sueño tecnocrático de despolitizar la economía.

En el ámbito político y aún jurídico las cosas no anduvieron mejor. Las organizaciones básicas de la institucionalidad jurídica e incluso política sufrieron repetidos atropellos.

Esta sistemática depredación de las instituciones debe cambiar en la nueva Constitución. El país requiere, a partir de un nuevo pacto social, rediseñar, recuperar y de ser del caso reinventar sus instituciones políticas, económicas y sociales. Un logro a conseguir siempre que se amplié la base de participación social en el debate constituyente. Sólo con el concurso de amplios sectores de la población podremos apropiarnos de la Constitución, entendida ésta como un proyecto de vida en común. Un proyecto que debe sustentarse también en la recuperación de las soberanías nacionales y en la construcción compartida de nuevas y más vigorosas soberanías conjuntamente con los países vecinos.-

3 de noviembre del 2007

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