Alberto Acosta

La participación del Estado, o sea de toda la sociedad, en la explotación del petróleo no se ajusta al equilibrio de una adecuada relación contractual. En los últimos años, con el repunte del precio del crudo, la  relación se volvió insostenible. Tanto, que el Estado, ante la limitación de recursos para atender muchas demandas sociales, traslada esta tarea a las empresas petroleras atiborradas de dólares.

Los contratos de participación han derivado en relaciones de inequidad. La situación actual es el resultado de un manejo pro-intereses transnacionales. Desde principios de los 80, en forma sistemática, se montó un escenario para inducir a la sociedad a que acepte como inevitable y hasta saludable la intervención de las empresas internacionales, pues -como reza la propaganda- Ecuador carecería de capitales y tecnología.

Mientras se entregaban crecientes beneficios al capital transnacional, como en una banda de transmisión, planificadamente se debilitaba a la empresa estatal: Petroecuador. Los defensores de los intereses foráneos han sido prolijos sirvientes de esta estrategia, cumpliendo con su mandato desde los cargos más altos de la administración pública, inclusive como ministros de Energía. Y luego, al terminar sus funciones  ministeriales, no ha tenido inconveniente alguno en sostener públicamente la defensa de los intereses transnacionales; véase el caso de Eduardo Santos o René Ortíz.

La revisión de la participación del Estado en la distribución de las utilidades extraordinarias, impulsada en el gobierno anterior, fue beneficiosa. Pero insuficiente. Dicho gobierno se contentó con el 50%, que es lo mínimo que establecían las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Recuérdese que rentabilidad de las empresas está ya garantizada con un precio de 15 dólares, largamente superado en el mercado internacional: el crudo ecuatoriano bordea en la actualidad los 60 dólares por barril. Téngase presente también que con reservas reducidas en los campos marginales, el Estado obtiene una participación promedio superior al 50 e incluso mayor al 60%. Para refrescar la memoria y tener otro punto de comparación, recordemos con cuánto estaba más que satisfecha la Texaco, que trabajó en el país desde mediados de los 60 hasta principios de los 90: la misma empresa reconoció el 8 de marzo del 2004, en sendos remitidos de prensa de página entera, que en su época entregaba al país el 95% de la renta petrolera.

Esta realidad de desequilibrio a favor de las transnacionales se refleja en los rendimientos de las inversiones (tasa interna de retorno). Considerando el 25% del impuesto a la renta, estos rendimientos superaron el 200%, cuando a la fecha de la renegociación dicho rendimiento bordeaba el 22%. Con la decisión del gobierno anterior apenas se redujo esta desmesurada utilidad.

Por eso, sin afectar las ganancias de las empresas, lo jurídicamente obvio es que todo lo que supere los 15 dólares debería corresponder al Estado, dueño del bien que se explota y que se agota. Con estos criterios, hay que saludar con entusiasmo la decisión del presidente Rafael Correa, tomada el día jueves 4 de octubre. Al decretar que el Estado participe en el 99% de las ganancias extraordinarias se abre la puerta a una nueva etapa en la relación del Estado con las empresas petroleras: una etapa de dignidad y soberanía impulsada por la Revolución Ciudadana en marcha, que consiguió un histórico y abrumador triunfo el pasado domingo 30 de septiembre en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

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