Alberto Acosta

Cuando a la Patria le robaron su futuro

Ecuador concluyó el siglo XX con una crisis económica sin precedentes. En 1999 se registró la peor caída del Producto Interno Bruto - PIB en nuestra historia republicana, y se agudizó el deterioro institucional del país. En esos años, el Ecuador experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones. Todo aquello reflejado en un deterioro acelerado de los índices de bienestar. Este panorama vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementaba su participación del 52% a más del 61%. La pasividad e inacción de los diferentes gobiernos ante esta inaceptable inequidad ha sido, sin duda alguna, una de las razones para la persistencia de la pobreza.

Este deterioro socioeconómico fue agudizado por el atraco bancario y el salvataje a los banqueros corruptos, así como por las políticas de ajuste estructural de inspiración neoliberal. Consecuencia lógica inevitable de todo eso fueron el crecimiento masivo del desempleo y subempleo; la pérdida de valor de los ingresos de la población; drásticos recortes en la inversión social: salud, educación, desarrollo comunitario, vivienda; así como una creciente inseguridad ciudadana; deterioro de la calidad de vida; y, la reducción vertiginosa de la confianza en el país…

En tales circunstancias, al entrar el país en la mayor crisis de su historia e incluso como consecuencia de los mecanismos adoptados para enfrentarla -como la misma dolarización- se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes. En efecto, según varias estimaciones, desde el 2000, mucho más de un millón de ecuatorianos habrían salido del país. De hecho, hay estimaciones según las cuales el número de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior puede bordear los 3 millones, ya que a los emigrantes de la crisis de 1999 debe añadirse aquellos que han emigrado desde hace más de medio siglo, provenientes de las provincias de Azuay y Cañar.

Con el deterioro de la economía nacional, la emigración hacia los EEUU se mantuvo y se mantiene elevada. No obstante, hacia 1998 la dirección del flujo migratorio se trasladó desde el norte de América hacia el sur de Europa, particularmente hacia España, debido a la cercanía cultural y la posibilidad de acceso sin visa (hasta 2002). Asimismo, Italia y en menor medida otros países del viejo continente registran un creciente número de inmigrantes ecuatorianos.

En estos años dolarizados el crecimiento ha sido inestable y magro. El principal, si no el único, impulsor del crecimiento económico ha sido la actividad petrolera. Los sectores de la industria, comercio y agro, que generan más de la mitad de los puestos de trabajo, han permanecido estancados. No debe olvidarse, además, que en los últimos años Ecuador ha vivido sucesivas crisis políticas; crisis que han sido resueltas sin llegar a quebrar la democracia en términos formales, pero que sí han debilitado la institucionalidad del Estado, particularmente en lo referente a la estabilidad e independencia de los tribunales constitucional, electoral y de justicia.

Todo esto comienza a cambiar con el inicio del gobierno del ciudadano presidente Rafael Correa. Y encontrará en la Asamblea Nacional Constituyente una oportunidad histórica para sentar las bases históricas, que permitan transformar de raíz el Ecuador. Por eso, antes de adentrarse en las propuestas constitucionales concretas, interesa conocer el entorno que explica el fenómeno migratorio y los ejes básicos para la acción. Sería un error dar paso a la redacción del articulado constitucional sin antes debatir el marco conceptual.

Además, hasta ahora, dentro del Ecuador, todavía no se ha trabajado suficientemente el tema desde una perspectiva constitucional. Como se verá más adelante, es preciso asegurar como un derecho constitucional la libre movilidad humana, así como la vigencia de los derechos humanos para todas las personas y no solamente para los compatriotas. Igualmente el Estado debe garantizar a los ecuatorianos fuera del territorio un servicio eficiente y adecuado a través de sus representaciones diplomáticas; esto implica emprender en una racionalización de procesos y requisitos. De igual manera hay que integrar los fenómenos migratorios de ecuatorianos y ecuatorianascon los fenómenos de refugiados y de inmigrantes. En suma, el Estado tiene la obligación de responder mediante políticas públicas adecuadas al derecho internacional a los problemas
 y necesidades que esos fenómenos implican.

Los ejes de una política de Estado sobre la migración

Con el fin de dar respuestas a este proceso de gran trascendencia nacional e incluso internacional, quienes estamos preocupados por atender las demandas que plantea esta realidad socio-económica, proponemos una serie de líneas de acción que serán ejecutadas por el gobierno central y que serán impulsadas a través de los gobiernos regionales, con la participación de diversas organizaciones económicas y sociales, entre ellas las organizaciones de emigrantes así como las personas directa e indirectamente afectadas por la migración.

- Algunas reflexiones para la acción

El punto de partida de una política migratoria integral debe ser su inserción activa dentro de una estrategia de desarrollo de largo plazo. Tal estrategia deberá tener como objetivo fundamental la incorporación activa de toda la sociedad -y no sólo una fracción de ella- en la vida nacional; lo cual incluye, por supuesto, a las comunidades de emigrantes en los países de tránsito y destino. En otras palabras, debe apuntarse hacia una sociedad que garantice el acceso de todos sus miembros a un nivel de bienestar que responda a la satisfacción de sus necesidades básicas, así como su conversión en ciudadanos y ciudadanas, a partir del aprovechamiento adecuado y sostenible de sus capacidades y de las diversas potencialidades humanas y naturales del país.

De hecho, la política migratoria debe tener en su mira el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo, que parta por reconocer la heterogeneidad económica, tecnológica, social y cultural del Ecuador. Esto obliga a proponer estrategias y políticas diferenciadas, buscando una nueva forma de inserción internacional, en un entorno caracterizado por la incertidumbre, por la inestabilidad, así como por diversas desconexiones y exclusiones, pero también caracterizado por una serie de potencialidades que las nuevas articulaciones sociales nos ofrecen. Esta política migratoria, vinculada a un esfuerzo por construir un nuevo modelo de desarrollo, implica elevar el nivel de vida de todos los habitantes del Ecuador, reduciendo los niveles de inequidad y elevando la participación en la toma de decisiones y en la definición de su futuro. La meta es la construcción democrática de una sociedad sostenible, que tiene que ser permanentemente más democrática.

En ese sentido parece oportuno tener presente algunos elementos básicos que deben inspirar la acción:

1. En todo momento hay que recordar que los y las emigrantes son seres humanos. Esta aseveración parecería obvia si no fuera porque hasta ahora la preocupación por el hecho migratorio ha estado enfocada en ejes distintos al ser humano como tal. Así por ejemplo, para el gobierno central, el sistema financiero y para una multiplicidad de empresas, la atención se ha centrado fundamentalmente en las remesas: el Estado las ha visto como una positiva fuente de financiamiento macroeconómico, mientras que para el sector empresarial se trata de una jugosa oportunidad para hacer negocio. Por su parte, los medios de comunicación han visto a la migración como una fuente de noticias amarillistas. Asimismo, muchas instancias, sobre todo de tipo político, han comenzado a ver a las colonias de emigrantes como votos potenciales, pretendiendo envolverlas en sus redes clientelares y partidistas. Todas esas percepciones sobre la realidad migratoria dejan de lado el simple, aunque primordial hecho de que los/las emigrantes son sobre todo seres humanos.
2. Reconociendo como un elemento importante lo planteado en el punto anterior, se precisa asegurar la vigencia de los derechos humanos para los y las emigrantes, así como para sus familias. No sólo se trata de conseguir el cumplimiento de una serie de derechos y normas en el campo cívico, aquí se requiere dar paso a una vigorosa ampliación de sus derechos humanos dentro y fuera del país, sin olvidar que en tanto seres humanos también tienen derechos cuando se encuentran en el camino hacia los países de destino o cuando han sido expulsados o repatriados (sobra decir, en este punto, que la propuesta del gobierno español de utilizar camisas de fuerza en los emigrantes repatriados resulta, ofensiva e inaceptable.) Todo tipo de persecución en contra de los y las compatriotas que pretenden salir del país -haciendo uso de su derecho para emigrar- debe terminar. De la misma forma, se debe garantizar los derechos de los refugiados e inmigrantes que lleguen al Ecuador. El doble discurso de rasgarse las vestiduras por la suerte de los ecuatorianos y las ecuatorianas en el exterior, mientras se alienta y tolera actitudes xenófobas contra los habitantes de los países vecinos que llegan al Ecuador, sobre todo de Colombia y Perú, sea en forma de refugiados políticos o económicos, debilita cualquier política migratoria seria.
3. Como complemento de lo dicho se debe impulsar desde el gobierno central una vigorosa campaña internacional para consolidar la expansión supranacional de la ciudadanía. Es decir, que los derechos de ciudadanía no dependan de una u otra nacionalidad, sino de la propia condición humana. La emigración, en el terreno político, es una oportunidad para dar paso a una nueva forma de relacionamiento internacional. Para esto, se puede aprovechar parte del marco ya existente en la Comunidad Andina de Naciones, ya que en términos de derechos a veces hay poco que inventar, pero mucho que hacer en términos de reglamentos y de su efectiva aplicación y monitoreo. El gobierno del Ecuador no puede seguirles el juego a los gobiernos de los países industrializados, normalmente países de acogida de los contingentes de trabajadores extranjeros, a cuenta de mantener fluidas relaciones comerciales y financieras. Su primera obligación es la defensa, respeto y protección de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, algo que normalmente es olvidado por parte de las autoridades gubernamentales. Ejemplo de ello fue cuando, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, dejaron librado a su suerte al gran colectivo de compatriotas en España, sin hacer uso de una serie de convenios internacionales suscritos por el Ecuador con ese país europeo; convenios que facilitaban la obtención de permisos de trabajo en cualquiera de los dos países e incluso posibilitaban la opción de la doble nacionalidad.
4. Uno de los puntos centrales de una política de Estado en el campo migratorio (que abarca emigración e inmigración) es el respeto a la libertad de migrar. Todo ser humano, en el marco de las normas establecidas, sin que sea forzada su voluntad, debe poder optar por cambiar de residencia dentro o fuera del país. Si no se entiende este principio fundamental  -tanto en el campo de la emigración como de la inmigración- cualquier política que pretenda defender los intereses de los y las compatriotas en el exterior carecerá de bases morales sólidas. La libertad de migrar no sólo debe ser entendida bajo el marco de la permisividad legal. Para que haya libertad efectiva, la decisión de migrar debe ser por un lado, consciente, y por otro lado, no debe ser forzada. Para que exista una verdadera conciencia de lo que implica esta decisión, los y las posibles emigrantes deben tener suficiente acceso a la información, en particular sobre las implicaciones y procedimientos del proceso emigratorio (como formas de viajar legalmente, procesos administrativos, consecuencias de la emigración irregular, etc.), así como sobre la realidad del país de tránsito y de destino (derechos y deberes, oportunidades reales de inserción laboral, cultural y social en el país de acogida, posibles secuelas emocionales, etc.). De modo tal, que los emigrantes tengan plena conciencia del costo-beneficio real de la decisión de emigrar. Por otro lado, para que la decisión de emigrar no sea forzada, el Estado debería garantizar condiciones mínimas de vida digna de modo que existan otras alternativas que posibiliten el cumplimiento de las expectativas personales y familiares, y que el migrar no sea la única opción, obligada, como en años recientes, debido al creciente deterioro social y económico.
5. Si, por un lado, se asegura la libertad de migrar, por otro, hay que combatir las presiones para emigrar, en particular las que representan un riesgo para la integridad de los emigrantes, como es el caso de las redes que alientan la emigración irregular. No se trata, por cierto, de reprimir o prohibir las redes y cadenas migratorias sustentadas en relaciones de parentesco, solidaridad o espíritu empresario legítimo. El combate al coyoterismo y al chulco debe buscar castigar a quienes lucren de la desesperación del ser humano forzado a buscar mejores días fuera del país, pero no debe cebarse en las víctimas de este tráfico de seres humanos. Esto implica cambios profundos en la forma de abordar jurídica y policialmente el tema. En definitiva, se trata de disponer de un ordenamiento jurídico instrumentado de forma eficaz que, por un lado, permita castigar a coyoteros y chulqueros, pero que además informe de los derechos que tienen las personas en esa materia. Es obvio que en estas circunstancias habrá que empezar por revisar íntegramente toda la estructura jurídica existente, como parte de la reforma del Estado. Al mismo tiempo debe abrirse canales para capacitar a jueces y policías (especialmente de la policía migratoria) sobre el significado de la migración y la aplicación irrestricta de los derechos.  Por cierto que el problema del coyoterismo se extiende a un ámbito superior, pues asoman también otras organizaciones que cumplen un papel análogo. Así, diversas instancias nacionales e internacionales limitan el libre ingreso de productos ecuatorianos a sus mercados, u obligan al país a sostener un costoso servicio de la deuda externa en condiciones realmente inhumanas, reduciendo así las posibilidades de crecimiento económico, así como la inversión social, favoreciendo de ese modo la persistencia de la migración. Recuérdese asimismo que el sistema financiero formal (o sea la banca) sistemáticamente niega créditos a los miles de emprendedores que buscan producir en el país, dejándoles como única opción, la emigración. Pero eso sí, están prestos a captar sus remesas procurando ampliar el número de sus clientes para lucrar del drama de la emigración. Todas estas formas de coyoterismo alientan directa o indirectamente la emigración. Problema que podría exacerbarse con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), tal como sucedió en México.
6. Prohibir la salida de compatriotas del Ecuador, como alguna vez llegó a sugerirse, es un acto inútil e inhumano. Es como tratar de tapar el sol con un dedo, negando la situación de desconfianza y desesperación existente en amplios segmentos de la población. La mejor manera para alentar la permanencia en el Ecuador e incluso el retorno de las personas que han salido en forma masiva, es a través de la generación de confianza y oportunidades en el país. Un país en el que se respeten todos los derechos de las personas y las colectividades, en el que interculturalidad sea una práctica cotidiana, en el que la solidaridad y la reciprocidad sean principios básicos de su sociedad, en el que se establezca un marco económico que aliente la producción y la generación de empleo, en el que se construyan bases para el logro de una sociedad equitativa y libre, en el que las decisiones se adopten democráticamente, será un país que atraiga la inversión de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Antes que pensar en garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros hay que preocuparse por garantizarla a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, lo que redundará incluso en beneficio de mejores relaciones económicas internacionales.
7. Un punto final en esta lista de reflexiones iniciales tiene que ver con el análisis de la significación de la emigración y también de la inmigración para el desarrollo del país. Es hora de que los fenómenos sociales, en este caso la migración, sean objeto de un análisis integral. No es posible seguir abordando el tema desde perspectivas fragmentadas y fragmentadoras. Tampoco hay como asumir el tema desde visiones sesgadas que magnifiquen las tragedias de la emigración, que las hay sin duda, o que pretendan simplemente rescatar aquellos elementos positivos inherentes al hecho migratorio.

Migración y desarrollo son temas que hay que replantearse tanto casa adentro como hacia fuera, tratando de potenciar aquellas capacidades que son vistas como parte de un proceso de codesarrollo entre el país emisor y el país receptor; codesarrollo como opción para encontrar nuevos rumbos, no para camuflar viejas prácticas; codesarrollo como oportunidad para diseñar y aplicar políticas compartidas por los gobiernos de los países receptores de compatriotas conjuntamente con el gobierno ecuatoriano. Se trata de procesos que permitan que las familias de los y las emigrantes contribuyan a la formulación y seguimiento de proyectos de desarrollo, que se pondrán en marcha con recursos del Estado e inclusive de la cooperación para el desarrollo, a más de sus correspondientes aportes.

En este contexto nuestra política, que es el resultado de un amplio esfuerzo colectivo realizado dentro y fuera del Ecuador, tendrá que formar parte de una estrategia integral y no ser la sumatoria de acciones aisladas. No se trata de parchar la situación. En juego está el rescate de la Patria. Por eso estamos prestos a transformar al hecho migratorio en una cuestión de interés nacional.

- Ejes de acción en el campo social

1. En este ámbito no sólo hay que abordar las demandas nacionales, sino también, y sobre todo, propender a cristalizar un apoyo firme para la integración social efectiva en el país receptor. Las opciones son múltiples. Simplemente a modo de ejemplo, se podría pensar en establecer vínculos entre comunicadores sociales del Ecuador con los de las sociedades de acogida, así como potenciar la capacitación sobre la realidad del Ecuador de profesores de enseñanza primaria y aún secundaria en los países receptores, incluso viajes de estudio y también de turismo de maestras y maestros de dichos países al Ecuador podrían ser impulsados. Para la ejecución de estas tareas se cuenta con un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil en esos países que han demostrado un compromiso mucho más efectivo que el de las propias oficinas diplomáticas ecuatorianas en el exterior. Se trataría pues de vincular la sociedad de origen y de destino de los emigrantes desde un punto de vista bidireccional: integración social y cultural a través del paradigma de la interculturalidad.
2. La acción afuera debe complementarse con respuestas casa adentro. Esto implica el fortalecimiento de los lazos sociales en Ecuador. El asunto va más allá de lo familiar y comunitario, hay que pensar en las capacidades que podrían tener esas otras formas de remesas sociales, culturales, laborales y empresariales para potenciar al país. Esfuerzos puntuales por recomponer el tejido social redundarán en una mayor integración de la sociedad ecuatoriana, siempre que se lo haga de manera consciente, procurando desmontar las estructuras oligárquicas y rentísticas existentes en la actualidad.
3. El núcleo del proceso migratorio está constituido por la familia. Por eso un respaldo efectivo a las familias de los y las emigrantes es una de las primeras obligaciones para el gobierno central y para los gobiernos seccionales. Esto implica no sólo atender adecuadamente sus demandas sociales (en salud, educación, empleo y vivienda), sino que exige estructurar leyes y normas -así como fomentar políticas- que faciliten la reunificación familiar, la seguridad de su existencia reproductiva y por cierto el respeto a los derechos humanos. Un punto de crucial importancia es el relativo a la atención de los familiares de los emigrantes ecuatorianos. No habrá una política migratoria integral sin desarrollar programas gubernamentales destinados a los miles de niños y niñas cuyos padres y madres han migrado, o a las adolescentes que han asumido jefaturas familiares, etc.  Esta política, en suma, debe mirar el tema migratorio como un asunto de derechos humanos. No debe enfocarse solamente en las garantías individuales y familiares, sino también al amplio conjunto de derechos de los individuos, las familias y los grupos sociales. Esta tarea debe ser directamente asumida como parte fundamental de la política exterior del Estado. Sin embargo, no se debe olvidar que es crucial que dichas medidas no clasifiquen a las familias en migrantes y no migrantes; no se trata sólo de una consideración semántica, sino de evitar los nefastos efectos que derivan de toda estigmatización. Un punto importante de nuestra política será la celebración de nuevos convenios con los países de destino para viabilizar y facilitar el pago de pensiones alimentarias, derechos de paternidad y otros trámites administrativos que afecten a las relaciones familiares. Igualmente el Estado podría generar sistemas de jubilación complementarios a los existentes en los países de acogida. Se creará una normativa sobre previsión social complementaria con aquella de los países de migración, susceptible de recoger todos los posibles supuestos sobre enfermedad, incapacidad laboral, orfandad o jubilación.
4. Fortalecer los vínculos de las futuras generaciones resulta también vital. Hay que pensar oportunamente en las nuevas formas de desarraigo en ciernes. Muchas veces la juventud heredera de los flujos migratorios, en poco tiempo, pierde los vínculos con su país de origen sin lograr enraizarse o insertarse adecuadamente en los países de destino, atravesando problemas de integración, carencia de reconocimiento social, pérdida de identidad, discriminación en el acceso a oportunidades vitales, etc. De igual importancia es el fortalecer los vínculos familiares, como canalizadores de afecto y guía, para el correcto desarrollo y formación de los hijos de los emigrantes que se quedan en el país de origen. Esta es una amenaza cierta para la seguridad humana. Por lo tanto hay que tener presente esta realidad y responder efectivamente con propuestas educativas, culturales y de reinserción social (desde la idea de competencia intercultural en ambas direcciones, origen y destino).
5. Las diversas marginaciones que sufren nuestros compatriotas fuera del país o aún dentro de él por el hecho de haber emigrado, entorpecen el proceso de aprendizaje de los inmigrantes al obstaculizar su integración en la sociedad de acogida. Situaciones similares se encuentran en el ámbito laboral, donde se ha visto que los ecuatorianos ocupan los escaños inferiores; o incluso en el ámbito residencial, ya que en muchos barrios, los moradores se niegan a aceptar la presencia de los inmigrantes evitando asociarse con ellos. El desarrollo de movimientos y comportamientos segregacionistas como éstos es entonces uno de los principales obstáculos para el proceso de integración de la comunidad de ecuatorianos en los países de acogida, como un primer paso hacia la inserción en el sistema global. Frente a eso el Estado ecuatoriano está en la obligación de actuar en favor de sus compatriotas, sea utilizando todo el instrumental disponible a nivel diplomático o sea fortaleciendo las asociaciones de emigrantes. Al respecto, es importante mencionar que las redes en este contexto transitan de sus antiguas identidades regionales hacia una nueva “ecuatorianidad”, difícil de comprender sin analizar el hecho migratorio.
6. En este ámbito, en el que la imaginación debe abrir la puerta a respuestas creativas e innovadoras, se debe pensar incluso en cuestiones aparentemente puntuales, pero que podrían tener un impacto trascendente. Por ejemplo diseñar esquemas de seguro y reaseguro para los y las emigrantes en el exterior y sus familias en el país. Estos esquemas no sólo deben estar orientados a asegurar la repatriación de las personas fallecidas, lisiadas, con algún tipo de discapacidad, o que deseen ya regresar al Ecuador por el motivo que fuere, sino que deberían ampliarse en el campo de la salud y la educación para los parientes que se quedan en el país.
7. Dentro de la gestión de flujos, pensando sobre todo en los y las inmigrantes de los países vecinos, se deben revisar y actualizar las normativas existentes para asegurar su adecuada contratación laboral, inserción empresarial e integración en la sociedad ecuatoriana. Esto incluye dar vida a los acuerdos bilaterales de gestión de flujos que están suscritos con algunos países, actualizar las políticas que se aprueban desde el gobierno para promover la inmigración en condiciones regulares, así como las prácticas de tratamiento de la irregularidad administrativa y el control de las fronteras. Esta política compete sobre todo al gobierno central, pero puede ser complementada con acciones puntuales de parte de los gobiernos seccionales.

- Ejes de acción en el campo político

1. Uno de los pasos que deben darse de inmediato es la cristalización de los derechos democráticos de los emigrantes en el Ecuador. Esto implicó hacer realidad la Constitución que establece el derecho al voto para las personas residentes en el exterior. Este derecho, que no es una obligación como para los electores y las electoras residentes en el país, no puede convertirse en un mecanismo para recrear nuevas estructuras clientelares y populistas. Esto obligaría a pensar en la posibilidad para que los candidatos o las candidatas tengan la posibilidad de realizar su campaña electoral en igualdad de condiciones hacia ese grupo de electores y electoras, residentes en el exterior.

Esta posibilidad de ejercer el voto en el Ecuador, estando en el exterior, debería ser la puerta de entrada para concretar otras opciones que amplíen la ciudadanía de los compatriotas afuera. Por ejemplo, habría que permitir que los extranjeros residentes en Ecuador y que estén legalmente radicados puedan ejercer este derecho en las elecciones municipales, al igual que los compatriotas en el exterior. Sin embargo, hay que tener una y otra vez presente que votar es importante, pero no suficiente.

Por todo esto proponemos la creación de una nueva región electoral, la Quinta Región. La nueva región electoral recibirá el nombre de Provincia Electoral del Exterior, que actuará como circunscripción electoral especial. La legislación electoral la regulará de forma autónoma respecto al resto de circunscripciones provinciales. Los candidatos a diputados del Congreso Nacional en representación de los y las compatriotas residentes en el exterior serán elegidos guardando proporcionalidad con el número de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas censadas en el exterior.

Una vez instaurada la anterior estructura electoral, los candidatos de esta nueva región, se verán obligados a atender, preferentemente, en sus programas electorales, las problemáticas relacionadas con la migración y con los y las emigrantes. Como proponemos en nuestras reformas políticas, estas personas elegidas por el voto popular podrán ser revocadas de su mandato si sus electores y electoras consideran que han traicionado el mandato popular. En este empeño tendrán que comprometerse activamente las asociaciones de emigrantes, configurando líneas directas de comunicación entre la colectividad migrante, la institución legislativa y los grupos parlamentarios.

2. La elaboración de leyes que amparen a los ecuatorianos en el exterior es una tarea urgente. Desde la realidad legal del país, con todas las limitaciones existentes, es deseable contar con un marco legal amplio que englobe toda la problemática del hecho migratorio: sus amenazas y también sus oportunidades. Esto exige una acción que va mucho más allá que el estrecho marco jurídico nacional, pues hay que analizar cuáles son las normas y legislaciones existentes en otras latitudes, sobre todo en aquellos países en donde el colectivo de ecuatorianos ha alcanzado un número significativo. Por ejemplo, se precisa un estudio detenido del cuerpo legal de los EEUU y de la Unión Europea, que permita proponer cambios y reformas al marco jurídico ecuatoriano.

3. Uno de los aspectos en donde hay que trabajar mucho es en la especialización del cuerpo diplomático para el apoyo activo de los emigrantes. No se trata simplemente de ampliar los horarios de atención, de enviar un mayor número de funcionarios diplomáticos, de crear nuevas oficinas en el exterior o de idearse sistemas itinerantes de atención a los y las compatriotas fuera del país. Hay que ir más allá. Se requiere un cambio conceptual profundo en la tarea de las personas que laboran en los consulados de los países receptores. No hay necesidad de más de lo mismo, sino de nuevas visiones que permitan, por ejemplo, sustituir a los tradicionales cónsules o a los agregados militares por agregados laborales y sociales especializados en el tema de la migración para reducir las connotaciones negativas que de ella se derivan.
Esto implica, por ejemplo, un trato preferente y protector a los y las compatriotas que se encuentran indocumentados en los países de tránsito y destino. Además, los funcionarios diplomáticos deberán ser verdaderos especialistas en el conocimiento de los países en donde trabajan, pues de esta manera podrán no sólo comprender su realidad, sino optimizar el aprovechamiento de las organizaciones de protección de los derechos humanos, y de las mismas organizaciones de emigrantes ecuatorianos, con las que habrá que mantener estrechos vínculos de cooperación. La posibilidad de desplegar un sistema consular más activo y móvil tampoco puede ser descuidada.

Aquí aparece como oportuna la creación de los Comités de Gestión, como espacios de asesoramiento y colaboración dentro de los distintos consulados. Dichos Comités serán conformados por representantes de las Asociaciones de Migrantes. Su colaboración se inscribirá en el marco de la salvaguarda de los derechos arriba mencionados y, en general, para la defensa de la dignidad colectiva de la migración ecuatoriana y de cualquier compatriota ecuatoriano en situaciones de legítima defensa de sus intereses y de su honor y evitar las situaciones de trato degradante. Asimismo los Comités de Gestión velarán por el buen funcionamiento y correcto comportamiento de los agentes consulares, manteniendo a tal efecto una línea directa con los servicios exteriores de las correspondientes embajadas.

4. Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es el relativo al marco institucional. Para empezar se requiere la creación de un ministerio o secretaria para la migración. Algo que por lo demás yo lo hizo el gobierno de Rafael Correa. En este empeño se requiere un proceso de revisión integral y radical de toda la institucionalidad existente que se caracteriza por una enorme dispersión y duplicación de entidades comprometidas y de funciones. No se está pensando en más burocracia, sino en la racionalización de la institucionalidad existente con miras a potenciar los recursos y capacidades  disponibles, que ahora se encuentran dispersas.

Este esfuerzo, desde su fase conceptual, exige una activa participación de organizaciones de la “sociedad civil”, especialmente de las organizaciones de emigrantes e inmigrantes dentro y fuera del país. Estamos frente a un proceso complejo por su diversidad y por sus alcances, que exigen la constitución de espacios de diálogo permanente, en un esfuerzo que deberá ser asumido a través de múltiples vías, pues el hecho migratorio no requiere sólo respuestas desde el gobierno central.

5. Todo este esfuerzo, apenas esbozado en términos gruesos en las líneas anteriores requiere de una base de legitimidad interna y externa. La primera se fundamenta en las relaciones Estado y “sociedad civil”, mientras que la segunda arranca con el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.

Si se precisa respaldar desde Ecuador a su comunidad de emigrantes, también hay que hacer esfuerzos para sensibilizar a la sociedad ecuatoriana en relación a la inmigración. Esta política debería desplegar campañas de sensibilización destinadas a la población en general, a fin de prevenir, reducir y eliminar comportamientos xenóbofos, en algunos casos, alentados por voceros policiales y medios de comunicación, que efectúan erróneas interpretaciones de las causas de la inseguridad ciudadana y la variación de los índices delictivos. La inmigración tiene que ser vista como una oportunidad para la integración regional y subregional, y no como una amenaza. Esto es fundamental.

Los inmigrantes y solicitantes de refugio colombianos proceden de un país hermano con aproximadamente cinco décadas de violencia y, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que muchas veces se encuentran más preparados que nuestros compatriotas para sobrevivir en situaciones adversas. Esto quiere decir que si el Estado y la sociedad ecuatoriana no les brindan oportunidades de integración social a largo plazo, y obstaculiza esa posibilidad, ellos buscarán abrirse paso a través de cualquier medio y esa respuesta comprensible podría generar conflictividad con las comunidades de acogida en el país. Por tales razones, la gestión y administración de los flujos de inmigrantes debería tener como objetivo la integración social, a fin de aprovechar sus habilidades y experiencias, tomando en cuenta para ello las necesidades y los requerimientos laborales en el país.

6. Para concluir, desde el gobierno cabe asumir a la emigración y la inmigración como un elemento más en las relaciones internacionales del Ecuador. Esta realidad migratoria debería ser puesta en la mesa de negociaciones internacionales, incluso las económicas. El reto es salir de un camino sin salida, y dejar de someterse a los países más ricos, quienes jamás aplicaron las políticas que hoy recomiendan a los países empobrecidos. El progreso de los países subdesarrollados no puede estar jaqueado por condiciones económicas que llevan a la población al desempleo, la migración, la informalidad y la violencia. El servicio de la deuda externa que limita las políticas sociales, o las barreras comerciales que dificultan el ingreso de productos a los mercados de los países industrializados, entre otros factores que limitan el desarrollo, deben ser integrados en la elaboración de un marco internacional que tenga al ser humano en el centro de sus preocupaciones.

- Ejes de acción en el campo económico

1. En el país urge otro modelo de desarrollo sustentado en la solidaridad. Esto nos conduce a responder a la inocultable necesidad de una política macroeconómica y microeconómica que aliente el uso productivo de las remesas. No se puede permitir que desde el Estado o desde el sistema financiero se dirija el uso de las remesas. Hay que tener siempre presente que la estampida emigratoria en el Ecuador se produjo por una debacle de la institucionalidad económica y política, especialmente del sistema financiero. No debe olvidarse que la gente sintió el robo, no sólo de su dinero depositado en la banca, sino de sus opciones de futuro.

Las acciones que hay que desatar en este campo son múltiples. Para empezar, se requiere el logro de una mayor integración de las diversas regiones y localidades del país entre sí. Una creciente integración nacional conduciría al fortalecimiento de los mercados internos y su ampliación vía integración generaría mejores condiciones para la inversión por la estabilidad relativa que ofrecería un mercado nacional consolidado, en el cual la sociedad recupere su confianza. La estructura del mercado, en tanto construcción social, se desconcentraría, volviéndose más competitiva y eficiente, y superaría la dinámica actual, en la que unos pocos oligopolios concentran la acumulación del capital. Esta desconcentración se vería reflejada en una mejor distribución interregional del ingreso nacional. En ese esquema la inversión no sólo permitirá aumentar la productividad “en general”, sino la de aquellas ramas para las que se gestarían incentivos, en especial dentro de los sectores tradicionales -economías campesinas y artesanales, pequeña y mediana industria, entre otros-, que son los que mayor apoyo requieren en términos de capital, capacitación y tecnología.

Esto pasa por construir un nuevo discurso (y una nueva práctica)  económico y político, acorde a una nueva forma de enfrentar el mundo, teniendo al ser humano en el centro de TODOS los esfuerzos (pero el ser humano conviviendo con la Naturaleza, no intentando dominarla, menos aún destruirla). Esto implica concretar las propuestas de equidad, seguridad, identidad e institucionalidad con miras a asegurar la tranquilidad necesaria en lo político, la confianza en que los frutos de la economía redundarán en beneficio colectivo y que los procesos sociales se caracterizarán por la permanente práctica democrática.

En ese sentido pensamos en respuestas concretas que puedan servir de base para volver a generar confianza en el Ecuador y para aprovechar del enorme potencial que tienen aún las remesas que, como se manifestó anteriormente, no pueden ser vistas como una fuente permanente o creciente de financiamiento. Entre otras muchas opciones puntuales, que tendrán que enmarcarse en una nueva política económica que aliente la constitución de empresas y la generación de empleo de calidad, se plantean las siguientes:

- Se precisan espacios de capacitación empresarial y de asesoría para ayudar a los y las emigrantes a decidir de la mejor manera el uso de su dinero; una suerte de alfabetización financiera no puede sólo implicar un apoyo a la bancarización de las remesas en función de los intereses de la banca formal. Este empeño debe expandir y diversificar los servicios financieros para los y las emigrantes, así como para sus familiares. El objetivo debe ser el fortalecimiento de estructuras financieras locales y de las organizaciones de ahorro y crédito al servicio de los sectores populares.

- La capacitación, difusión de información y formación asoma como otro aspecto digno de ser considerado para mejorar las posibilidades en el empleo del ahorro que traen los y las emigrantes del exterior. No se trata de imponer condiciones de ninguna especie, pero sí es necesario informar sobre la realidad cambiante de la economía ecuatoriana. Hay que minimizar los riesgos de errores por falta de conocimiento y experiencia, que afectan a los inversionistas e incluso a los consumidores. Esto implica, también, la constitución y el fortalecimiento de entidades encargadas de asesorar a las personas que lo soliciten; este proyecto podría contar con el apoyo de las universidades e incluso de jóvenes profesionales de economía y administración de empresas que podrían hacer su “conscripción social” apoyando a las familias de los y las emigrantes (Interesante sería completar este esfuerzo con puntos de apoyo en los países de acogida, por ejemplo en España para que puedan allí informarse e incluso capacitarse con el fin de optimizar su ahorro duramente ganado en el exterior). Esto, sin embargo, debe alejarnos de ver el tema de la migración como un asunto netamente empresarial, pues al tratarse de seres humanos hay otros ámbitos de la vida aún más importantes que los que se circunscriben en la esfera económica.

- Otra opción es abrir la posibilidad para que los y las emigrantes puedan destinar libremente parte de su ahorro a inversiones públicas de reconocida rentabilidad, como son las petroleras, la generación de electricidad o la telefonía. Se plantea la creación de fondos de fidecomisos, cuyos constituyentes serán los migrantes que aporten a este fondo, y estarán representados en la Junta de Fideicomiso por su familiares en el Ecuador, y gozarán de todos los mecanismos apropiados para su adecuada gestión, control y auditoria. Estos fondos se focalizarán hacia proyectos que proporcionen una adecuada rentabilidad a los inversores (migrantes que aportan al fondo) en sectores estratégicos para el país, como petróleo, electrificación, telecomunicaciones, trasporte marítimo, aéreo y terrestre, entre otros, tanto a nivel nacional como local. Igualmente conviene alentar desde los gobiernos locales preferentemente esquemas de turismo en los que los y las emigrantes con sus familiares pasarían a ser actores fundamentales, sea como propietarios, como promotores e incluso como usuarios. Esta reflexión se debe ampliar en el campo del llamado comercio nostálgico, que ofrece importantes oportunidades para varios productos ecuatorianos que podrían destinarse al mercado de compatriotas en el exterior, lo que también contribuiría a abrir nuevas oportunidades comerciales más allá de la población emigrada.

- Por cierto que el Estado se abstendrá de imponer gravámenes de cualquier tipo a las remesas, esa sería una acción irresponsable por los efectos que provocaría en diversos ámbitos, incluso desalentando su envío. De igual forma, el gobierno ecuatoriano hará todo el esfuerzo posible para negociar con los gobiernos de los países de destino la no imposición de cargas tributarias que afecten el envío de las remesas de cualquier tipo. En ningún caso se puede violentar la libertad individual para trazar propuestas en el ámbito productivo, inspiradas en propuestas ajenas a las demandas de los propios emigrantes.

- Como un mecanismo para potenciar la capacitación que están recibiendo compatriotas en el exterior, sea porque son profesionales que emigraron o jóvenes que se educaron allí, parece oportuno pensar en la constitución de redes de científicos y profesionales vinculados a la realidad del Ecuador. Esta sería una manera para contrarrestar la denominada “fuga de cerebros”. En este punto hay que incorporar, por igual, aquellas opciones para alentar la transferencia de tecnología atada a los flujos migratorios, así como toda la cuestión educativa que atañe directa o indirectamente a este hecho. En suma, se fortalecerán todos los mecanismos que hagan realidad el derecho al reconocimiento y convalidación de títulos, estudios y licencias, incluidas licencias de circulación obtenidas en otros países. Esto implica, además, la celebración de convenios con los distintos países para el reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en el Ecuador mejorando el marco del Convenio Andrés Bello.

- Igualmente habrá que reflexionar sobre los problemas que se derivan para los y las emigrantes con el sistema cambiario de dolarización que redujo notablemente el multiplicador de los dólares remesados. En esta línea de reflexión se plantea  el establecimiento de un sistema para que el Estado adquiera los euros de los y las compatriotas que trabajan en Europa, sin ganar un solo centavo por el diferencial cambiario; así el Ecuador podría diversificar su reserva monetaria internacional con una moneda que se está constituyendo en un refugio monetario sólido, contaría con euros para sus transacciones con Europa y hasta podría utilizarlos con el fin de introducir un sistema transitorio de canasta de monedas para cuando llegue el momento de abandonar ordenadamente la dolarización.

- De lo anterior se desprende la urgencia por mejorar y abaratar los sistemas de transferencia de remesas. El elevado costo de transacción del envío de las remesas es otra cuestión sobre la que hay un notable consenso. El mismo absorbe en promedio entre un 10% y un 20% de cada envío, aunque de nuevo la variedad de casos es muy diversa en función del agente a través del cual se envíe el dinero y de la conexión -frecuencia, abundancia, distancia- de que se trate. La drástica reducción de su costo en los últimos años es una demostración de que el mercado puede funcionar cuando hay competencia. Sin embargo, este proceso ha beneficiado al sistema financiero formal, que ha encontrado en las remesas una nueva fuente de acumulación. La meta, entonces, es integrar este flujo de remesas en procesos de desconcentración de las estructuras oligopólicas de la banca formal, abriendo canales para la constitución de nuevos sistemas de financiamiento menos costosos, más transparentes y sobre todo equitativos, es decir que beneficien preferentemente a los sectores populares y de clase media baja, de donde emigra un número elevado de habitantes.

- Diseñar esquemas de reducción masiva y de canje de deuda con los países receptores, sin asumir que con estos canjes se resuelven los problemas de la deuda o que se consiguen suficientes recursos para inversión social y productiva, especialmente con los países receptores de compatriotas emigrantes. Este tipo de canjes debe formar parte de una concepción estratégica que permita buscar soluciones globales, regionales y nacionales al reto de la deuda externa. Así se podría pensar en una reducción masiva de las deudas bilaterales, no menor al 80%, destinando el resto a la formación de un fondo de inversión para actividades vinculadas al uso productivo de las remesas, por ejemplo por cada dólar que invierta el o la emigrante en su localidad de origen, de dicho fondo se destinaría otro dólar: 50% en forma de crédito reembolsable y 50% en forma de crédito no reembolsable, a más de un dólar para obras que vayan en beneficio de la comunidad.

- Como indispensable complemento de lo anterior surge la necesidad de mejorar los sistemas de información y de elaboración de estadísticas que impiden conocer de mejor manera los entretelones del hecho migratorio. Por ejemplo, en el tema de las remesas el asunto es clamoroso: el Banco Central del Ecuador estima que las remesas en el 2005 habrían alcanzado los 1.700 millones de dólares, mientras que el BID para el mismo año tiene una estimación algo superior a los 2 mil millones (Para el 2006 el Banco central estima un ingreso de 2.915 millones). Por cierto que hay que comenzar a incorporar mecanismos que permitan al menos aproximarse a los montos de las remesas informales que llegan al Ecuador. Hoy no existen criterios unificados ni normas uniformes para hacer estos cálculos. Si bien la delimitación del concepto parece cada vez más claramente referida únicamente a los envíos periódicos realizados por inmigrantes a sus países de origen, las normas ni se han acordado ni detallado.

2. Tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales deberían dar pasos concretos para facilitar y fortalecer la constitución de empresas productivas en las que puedan integrarse como propietarios los y las emigrantes, ó sus familiares o representantes legales. Una revisión de todas las normativas existentes en este terreno debe venir acompañada de propuestas concretas que faciliten el establecimiento de empresas utilizando sistemas vinculados a la Internet, por ejemplo, se debería establecer centros de apoyo en el exterior para que las personas que quieren establecer una empresa o invertir en empresas ya existentes lo puedan hacer sin mayores complicaciones burocráticas. Los municipios deberían establecer puentes con sus ciudadanos y ciudadanas en el extranjero. Esto para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones para con las ciudades, así como la realización de transacciones a partir del conocimiento de informaciones que les son indispensables, por ejemplo en lo que se refiere a las líneas de fábrica o planes de expansión urbana. Estos puentes entre municipios y emigrantes, además, podrían ser bandas de transmisión de procesos turísticos, empresariales y por cierto culturales en términos amplios.

La construcción de infraestructura básica en las zonas de mayor emigración será también un mecanismo para reconstituir el tejido productivo y social. El Estado tiene la obligación de atender estas regiones incluso pensando en el potencial que tiene esta acción para alentar las remesas de quienes ya salieron. Esta posibilidad se complementaría con la propuesta de canje de deuda esbozada en un punto anterior.

Hay que entender también a la emigración como una gran oportunidad para insertar activamente a la sociedad ecuatoriana, no sólo a su economía, en el contexto mundial contando con el concurso directo de los y las emigrantes. Esto obliga a diseñar una estrategia de inserción internacional a partir de la emigración que no puede circunscribirse solamente al apoyo que pueden y deben recibir los y las compatriotas de parte de las instancias diplomáticas, sino que debe analizar cómo se puede potenciar la presencia empresarial, turística, comercial y cultural de todas esas personas a través de planes de acción, en los cuales el Estado no sería el ente ejecutor ni llevaría la batuta de la gestión, sino que sería simplemente un factor de apoyo. En este punto se destaca el potencial existente en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de comunicación; por ejemplo, la consciente y planificada expansión de la red de telefonía móvil, que de hecho ha crecido como resultado del proceso emigratorio, será un punto de acción del gobierno central y de los gobiernos locales.

En directa relación con el punto anterior está la circunstancia de que existe un sector creciente de economía sumergida vinculada al hecho migratorio. Esta economía se nutre de las remesas y de actividades vinculadas a los viajes de los y las emigrantes. Entonces los recursos monetarios que reciben las familias circulan al margen del control público y de los sistemas formales, lo que no es necesariamente nocivo. Desde ese punto de vista, las remesas obtenidas por esa vía suponen una fuente de fortalecimiento productivo, que debería recibir el respaldo consciente del Estado. Esta economía sumergida existe también en los países de acogida, lo que también debería dar lugar a respuestas que potencien sus capacidades y no sólo aquellas que buscan la formalidad sacrificando virtudes y fortalezas que puede tener este tipo de situaciones.

3. Como un elemento básico de toda esta política sobre migración se alentará la consolidación del Fondo de Ayuda para los Migrantes, creado como parte del Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias. Planteamos la necesidad de que su directiva este conformada paritariamente por responsables del gobierno y de las organizaciones de emigrantes. El manejo de sus recursos estará garantizado por un adecuado sistema de fideicomisos y por veedurías ciudadanas independientes, pues no toleraremos ninguna forma de manejo arbitrario de estos fondos con los que pretendemos resarcir en algo los elevados costos asumidos por nuestros compatriotas obligados a salir del Ecuador como resultado del atraco bancario, de la dolarización, del pago de la deuda externa y de las políticas económicas neoliberales.

La tarea, en definitiva, es la construcción colectiva dentro y fuera del Ecuador de un proyecto con proyección histórica de desarrollo.

Nota: para la elaboración de este documento se recogieron informaciones, opiniones, textos y comentarios de una serie de personas, a quienes se menciona a continuación en orden alfabético: de la Vega Pablo, López Susana, Palacios Romeo Francisco J., Romo María Paula, Ruiz-Giraldo, Carlo, Tupac-Yupanqui Luis, Villamar David.

Compártelo!

Más propuestas de candidatos a la Asamblea Constituyente por Acuerdo País: Alberto Acosta Aminta Buenaño Fernando Cordero Tatiana Hidrovo Pedro de la Cruz Monica Chuji Cesar Rodriguez Rosanna Queirolo Norman Wray Tania Hermida María Paula Romo