Alberto Acosta y César Montúfar debatieron por tercera ocasión durante la campaña electoral, el día martes 18 de septiembre. En el debate convocado en Radio Sonorama, en Quito, los candidatos expusieron sus puntos de divergencia y coincidencia sobre algunos temas.

Montúfar coincidió con lo señalado por Acosta, quien demostró que este proceso electoral es el “más democrático” de la historia. Los puntos que apuntalan su aseveración son contundentes: la exigibilidad del respaldo de firmas para que movimientos y partidos políticos inscriban sus candidaturas, la total aplicación de la ley de cuotas que ha permitido que hombre y mujeres se inscriban en forma secuencial y alternada, la igualdad de condiciones para la publicidad electoral a través de las franjas publicitarias, la posibilidad para que emigrantes participen no solo como votantes sino como candidatos, la prohibición “de regalos, computadoras, avena Quáker, sillas de ruedas para comprar el voto del electorado, aprovechándose de la miseria de la gente”; el esquema de asignación de escaños que favorece a los grupos minoritarios y finalmente la inclusión del mecanismo plebiscitario para aprobar lo actuado por la Asamblea, una vez que ésta concluya. Asamblea a la que se llegará por mandato expreso del pueblo ecuatoriano del día 15 de abril pasado.

Sobre el tema “manejo de recursos naturales”, César Montúfar defendió lo que denomina la “ciudadanización de los recursos naturales”. Esta es una suerte de postura “intermedia” entre la privatización que se instauró en los años neoliberales y lo que él llama el esquema “de recursos naturales estratégicos de los años 60, 70″, entendido como propiedad “inalienable” del Estado. Dice que “se deberían encontrar mecanismos para que esos recursos vayan directamente a los ciudadanos y ciudadanas”. Apuesta por la “propiedad ciudadana” sobre estos recursos.

Acosta empezó demostrando que la historicidad del esquema de control estatal a la propiedad de los recursos naturales es de larga data: “un 24 de octubre de 1829, Simón Bolívar planteó en lo que se conoce como el Decreto de Quito, que las minas de cualquier clase pertenecen a la República, y eso está plasmado -de diversas maneras- en todas las Constituciones.” Acosta criticó duramente la Constitución de 1998 en la que lo “que antes podía ser excepcionalmente entregado a concesión, esta vez no tenga prácticamente restricciones para la inversión privada”. Sin embargo descartó una “nacionalización o estatización” de los recursos naturales, pues los recursos ya son constitucionalmente del Estado. Dijo que lo que sí debemos pensar es que “el Estado recupere la parte sustantiva de la renta petrolera. En la actualidad, el Estado recibe menos del 20% de dicha renta, cuando antes la Texaco le dejaba al Estado más del 87% de la misma. Con base en esto, el gobierno ha empezado a revisar algunos contratos”, para evitar el perjuicio que provocan las transnacionales, dijo el candidato.

Acosta discrepó con la propuesta de ciudadanización de los recursos naturales, entregando a los ciudadanos la propiedad directa de los mismos. Recordó que algo similar ya se aplicó en Bolivia con el BONOSOL, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente neoliberal que fuera derrocado por una gran movilización popular en su segundo mandato. Esa política “no impidió que se de paso a la privatización y transnacionalización del petróleo en Bolivia. Al contrario, fue la puerta -a cuenta de que la gente tenía su bono petrolero- para que se vendan nomás las empresas petroleras porque la gente podía recibir el rédito que provocaba el bono”.

Acosta, por el contrario, apoyó la creación de de un “observatorio ciudadano de economías extractivistas”, como un elemento más activo de participación y veeduría. Observatorio que, por lo demás, ya funciona con éxito en varios países del mundo. Finalmente destacó la necesidad de un control efectivo de la actividad petrolera y minera, pero sobre todo de la renta que ellas generan, con el fin de emplearla adecuadamente en el marco de una economía solidaria. “Más que ciudadanizar los recursos naturales, interesa ciudadanizar al Estado”, concluyó el primer candidato nacional de Acuerdo País, Lista 35.-

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