Fukuyama reculó. El Estado, que de acuerdo a su apología del neoliberalismo debía ser achicado, recuperó su importancia para la comunidad mundial. Esa es la tesis de su libro “Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI” (2004). Textual: “Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo”.

Fukuyama reculó, pero no se transformó en converso. Apenas matiza su posición. La pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo no se explican por la existencia o no del Estado. No creo tampoco que esas sean las mayores preocupaciones de Fukuyama. Su planteamiento parece sintetizar las demandas del capital al Estado luego de los ajustes neoliberales.  Más Estado para asegurar lo conseguido: privatizaciones, desregulación, liberalización y apertura, que es mucho en términos de la profundización de la división transnacional del trabajo. Su propuesta coincide con la visión totalitaria del mercado como ideología reguladora de la economía y la sociedad, que requiere, a su vez, un Estado funcional a sus intereses. Desde la esquina neoliberal nunca se pensó seriamente en desaparecer el Estado. Se buscó reducir las capacidades estatales para impedir propuestas nacionales de desarrollo. Además, en la medida que disminuyeron sus funciones sociales, crecieron sus acentos policiales. Así las cosas, como es fácil percibir en el mundo neoliberalizado, el Estado se refuncionaliza en favor de las demandas transnacionales.

Desde esta perspectiva, dejar de defender un Estado caduco, es cada vez más urgente. No sumarse a la ola de reformas de las reformas neoliberales, es más que aconsejable. Reinventar el Estado y la misma democracia es indispensable. Esto significa repensar lo público estatal, tanto como público societal. Tarea que, entre otras muchas acciones, exige desprivatizar lo público estatal al servicio del capital transnacional o de nomenclaturas privilegiadas.

Esta reflexión colectiva, a ser asumida desde la multidimensionalidad, nos invita a repensar simultáneamente el mercado. Este, en tanto espacio de construcción social, necesita un marco legal y social adecuado. Ya Karl Polanyi, hace más de medio siglo, nos recordaba que “el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”. Y para que este sirviente sirva, necesitamos estructuras públicas estatales y societales -democráticas-, que lo organicen.

Por lo tanto, quienes estamos empeñados en construir una Patria Altiva y Soberana, proponemos un país donde se viva un Estado de derecho, un Estado social, un Estado democrático, un Estado estratégico. Un Estado que, en definitiva, se trace un horizonte común, que garantice seguridad y justicia a los ciudadanos y las ciudadanas, con instituciones de control independientes y despartidizadas. Una seguridad entendida no sólo como la ausencia de la violencia criminal, sino como la garantía para una vida sin sobre saltos provocados por la desintegración social, por la carencia de medios económicos y sobre todo de trabajo, por la agresión a la naturaleza. La seguridad no debe garantizar el derecho de propiedad de los que más tienen únicamente, sino el derecho a la propiedad de los que nada o casi nada, tienen.

Queremos un país en donde funcionen los mercados, entendidos como espacios de construcción social organizada en función de las necesidades del ser humano de hoy y de mañana. Queremos desbloquear el falso dilema entre mercado y Estado. No queremos un mercado descarnado que genera procesos de acumulación de riqueza en pocas manos, pero tampoco queremos un Estado ineficiente, que otorga prebendas y que transfiere recursos de todos y todas a los grupos de poder, tal como ocurrió con “la sucretización” de la deuda externa privada, con los procesos de endeudamiento público, con el salvataje bancario que nos condujo a la inconsulta dolarización.

Para lograr estos cambios, estamos conscientes que se requiere destrabar los obstáculos políticos. Hay que eliminar el poder de veto que tiene el poder político y económico en el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, que encadena al país. Hay que romper con las mafias oligárquicas y políticas que no permiten que se desaten estas fuerzas liberadoras. Hay que potenciar partidos políticos democráticos, que no sean bandas de transmisión de los grupos oligárquicos.

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